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La situación en la comunidad 3 de julio Ysatî de Itakyry, (Alto Paraná) continúa muy tensa luego del violento desalojo a familias nativas de un predio perteneciente a la Industria Paraguaya de Alcoholes S.A. (Inpasa). Los afectados ya fueron asistidos por el Indi, como así también diferentes instituciones del Estado se sumaron a las denuncias. Ayer, el vicepresidente de la alcoholera Inpasa, Enzo Olmedo, negó las denuncias contra la empresa y alegó que todo se debe a un conflicto entre caciques indígenas. En tanto que, la Fiscalía imputó al gerente de compras de la firma y a otras tres personas.
ITAKYRY.- (Dpto. de Alto Paraná).- En las últimas horas, una delegación del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) encabezada por el titular del ente, Aldo Zaldívar, llegó a la comunidad 3 de julio, muchos de los cuales sufrieron días atrás un violento desalojo por presuntos guardias privados de la Industria Paraguaya de Alcoholes S.A. (Inpasa). Zaldívar conversó con los líderes y miembros de la comunidad y les expresó que el INDI acompañará todas las denuncias, así como buscará consensuar con ellos el modo para lograr una convivencia armónica. Al mismo tiempo entregaron a los afectados kits de productos alimenticios, colchones, frazadas, chapas de fibras de cemento, puntales y terciadas.
De la misma forma, el titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Enrique Riera, informó el jueves último que presentaron una denuncia formal ante el Ministerio Público, por el atropello a los citados nativos, ya que también los vándalos derribaron una escuela reconocida por el MEC. En tanto que, la Fiscalía imputó por coacción grave al gerente de compras de Inpasa, Roberto De Souza André, y otras tres personas, como así también ordenó la detención preventiva de los mismos por la citada causa.
Pero, por otro lado, ayer el vicepresidente de INPASA, Enzo Olmedo, negó categóricamente que la firma esté involucrada en el presunto desalojo violento a los indígenas de una propiedad de 120 hectáreas, que pertenece a la referida empresa. “Es un conflicto entre caciques”, relató, al tiempo de señalar que cuenta con todas las filmaciones que demuestran lo que verdaderamente ocurrió. “Los materiales ya fueron proporcionados a la Fiscalía”, señaló, al tiempo de resaltar: “Es irracional pensar que un grupo empresarial de tal magnitud arriesgue toda su infraestructura e historia, por recuperar a la fuerza 120 hectáreas”.
