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Por supuesto que tiene todo el derecho de hacerlo. Es un país soberano. Con una larga tradición democrática, con ilustres hombres públicos que hasta hoy nos siguen honrando con su amistad, el caso del expresidente Luís Alberto Lacalle Herrera, es uno de ellos.
Pero evidentemente en este asunto o recibieron una mala información o fueron sorprendidos en su buena fe, por políticos inescrupulosos como el titular del PLRA, Efraín Alegre, quien les fue con el cuento de una supuesta persecución política a “inocentes militantes “ de su partido a quienes había que proteger porque estaban siendo injustamente acusados.
Ni se trataba de una persecución, ni los jóvenes buscados eran blancas palomitas.
Estaban siendo procesados por un juez de Garantías, Gustavo Amarilla, nada menos que por los sucesos que derivaron en la quema de la sede del Congreso paraguayo.
Este magistrado fue quien recibió la comunicación oficial del ministerio de RR.EE, de Uruguay, de que se rechazó el pedido de extradición de los presuntos incendiarios del Congreso, los inadaptados jóvenes Luis Osvaldo Sánchez, Brian Esteban Martínez, Osvaldo Daniel Aquino Notario, Rubén Moisés Galeano y Luis Alberto Cáceres, quienes además estaban imputados por la fabricación de Bombas Molotov en la sede del PLRA, en la madrugada del 1 de Abril.
Martínez y Sánchez fueron aceptados como refugiados políticos. El magistrado explicó que debido a la concesión del beneficio, se rechazó el pedido de extradición y el expediente quedó paralizado.
Además, señaló que Aquino Notario y Galeano cuentan con prisión preventiva en Uruguay, pero que también están tramitando la figura de refugio.
Todos los procesados contaban con las garantías plenas que brinda el sistema judicial paraguayo.
El gobierno charrúa podría haberse cerciorado de ello fácilmente. Pero no. Evidentemente ciertos funcionarios de segundo rango que se habrán encargado del tema, creyeron a pies juntillas las barbaridades que les habrán inventado Alegre y el “enfermo” Buzarquis, respecto a que “Cartes (cuándo no?) los estaba persiguiendo para tenerlos como Chivos expiatorios de la quema del Congreso, etc., etc.”
La verdad es que en la carpeta fiscal están acopiados varios elementos probatorios de la participación de los “refugiados políticos” en los hechos vandálicos que terminaron con la quema de la sede legislativa, algo inédito en la historia del Paraguay.
El gobierno del vecino país debió tomar con mayor seriedad este caso. Acercarse lo más posible a la verdad de los hechos, escuchar las dos campanas, para tomar una decisión tan delicada. En realidad con la medida de excepción que concedieron están obstaculizando seriamente la posibilidad de que se haga Justicia en el gravísimo suceso.
Y están saliendo con la suya los impulsores morales y materiales que incluso tienen las manos manchadas con la sangre del joven Rodrigo Quintana fallecido en la vorágine de violencia que los mismos propiciaron.
La decisión debe ser apelada con energía por los organismos oficiales respectivos. En este caso el Ministerio Público, encargado del tema de las extradiciones.
Queremos creer en la buena fe del gobierno uruguayo. De lo contrario estarían asumiendo una posición de “supervisores de la democracia”, que absolutamente no les corresponde y que el Paraguay, estamos seguros, jamás aceptará.