CURITIBA.- El juez Sergio Moro, a cargo de la investigación sobre el megaescándalo de Petrobras, aceptó ayer martes una denuncia por corrupción contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. “Habiendo presente indicios suficientes de autoría y materialidad, recibo la denuncia” presentada por la fiscalía, señaló Moro en un escrito distribuido a la prensa.
El juez federal brasileño Sergio Moro, quien conduce la investigación sobre la red de corrupción en torno de Petrobras, aceptó la denuncia por corrupción y lavado de dinero contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, su esposa Marisa Leticia y otras seis personas.
El fiscal federal y pastor evangélico Deltan Dallagnol llamó a Lula “comandante máximo” de la red de corrupción el miércoles pasado, pero no lo denunció por asociación ilícita sino por supuesta corrupción y lavado de dinero en torno de un apartamento en el balneario de Guarujá.
Sería éste el primer caso en el que Lula quede a disposición del temible magistrado que conduce la operación Lava Jato (lavadero de autos), que ya puso en el banquillo a numerosos políticos y llevó a la cárcel, con largas penas, a empresarios de primer rango.
LOS ANTECEDENTES
La denuncia de corrupción está vinculada a la reforma de un apartamento tríplex en Guarujá (en el litoral del Estado de Sao Paulo), que según la acusación pertenecía a Lula, como retribución por parte de la constructora OAS por servicios prestados por el exmandatario para la obtención de contratos con Petrobras. La Fiscalía pidió también la acusación de la esposa de Lula, Marisa Leticia da Silva.
La denuncia de lavado de dinero se refiere al pago por parte de OAS, durante cinco años, de un depósito donde el fundador del Partido de los Trabajadores guardaba bienes personales tras abandonar la presidencia. Dallagnol estimó que esos servicios (por la reforma del tríplex y por el almacenamiento de bienes) equivalen al pago de “sobornos disimulados” por un total de 1,1 millones de dólares.
Los fiscales indican que esta transacción tiene vinculaciones con la red de corrupción en la petrolera y en la financiación de campañas políticas.