Sergio Moro, ministro.
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Juez Moro acepta denuncia contra Lula por corrupción

CURITIBA.- El juez Sergio Moro, a cargo de la in­vestigación sobre el megaescándalo de Petrobras, acep­tó ayer martes una denuncia por corrupción contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. “Ha­biendo presente indicios suficientes de autoría y mate­rialidad, recibo la denuncia” presentada por la fiscalía, señaló Moro en un escrito distribuido a la prensa.

El juez federal brasileño Sergio Moro, quien condu­ce la investigación sobre la red de corrupción en torno de Petrobras, aceptó la denuncia por corrupción y lavado de dinero contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, su esposa Marisa Leticia y otras seis personas.

El fiscal federal y pastor evangélico Deltan Dallag­nol llamó a Lula “comandante máximo” de la red de co­rrupción el miércoles pasado, pero no lo denunció por asociación ilícita sino por supuesta corrupción y lavado de dinero en torno de un apartamento en el balneario de Guarujá.

Sería éste el primer caso en el que Lula quede a dis­posición del temible magistrado que conduce la opera­ción Lava Jato (lavadero de autos), que ya puso en el banquillo a numerosos políticos y llevó a la cárcel, con largas penas, a empresarios de primer rango.

LOS ANTECEDENTES

La denuncia de corrupción está vinculada a la refor­ma de un apartamento tríplex en Guarujá (en el litoral del Estado de Sao Paulo), que según la acusación perte­necía a Lula, como retribución por parte de la construc­tora OAS por servicios prestados por el exmandatario para la obtención de contratos con Petrobras. La Fiscalía pidió también la acusación de la esposa de Lula, Marisa Leticia da Silva.

La denuncia de lavado de dinero se refiere al pago por parte de OAS, durante cinco años, de un depósito donde el fundador del Partido de los Trabajadores guar­daba bienes personales tras abandonar la presidencia. Dallagnol estimó que esos servicios (por la reforma del tríplex y por el almacenamiento de bienes) equivalen al pago de “sobornos disimulados” por un total de 1,1 millones de dólares.

Los fiscales indican que esta transacción tiene vincu­laciones con la red de corrupción en la petrolera y en la financiación de campañas políticas.

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