Miguel Cuevas, presidente de la Cámara de Diputados.
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Juez sanciona a denunciantes del presidente de diputados

El abogado Marcos Estigarribia, quien formuló una denuncia contra el actual presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, por supuestas irregularidades

Marcos Estigarribia, abogado.
Marcos Estigarribia, abogado.

cometidas durante su gestión al frente de la Gobernación de Paraguarí, cuestionó la decisión judicial que lo declara “denunciante temerario”, imponiéndole las costas correspondientes al proceso. Sin embargo, el caso fue reabierto y el letrado señaló que analizan ampliar la denuncia contra el parlamentario por tráfico de influencias y asociación criminal.

ASUNCIÓN.- Marcos Estigarribia, durante una conversación con la 107.5, destacó que la decisión judicial desde el punto de vista jurídico es muy grave porque prácticamente ya les están presionando a no realizar más ninguna denuncia de ningún hecho punible contra una autoridad política e inclusive judicial. Habló igualmente de aberraciones jurídicas cometidas por la fiscal encargada de investigar las supuestas anomalías, Sonia Pereira, quien desestimó la causa contra Cuevas en un “tiempo récord”.

El profesional del derecho confirmó que su equipo jurídico viene realizando una investigación sobre la asistente fiscal María Liz Alcaraz, ya que existen dudas sobre su profesión de abogada. La misma es cuestionada por el llamativo nombramiento de su esposo en la Cámara de Diputados, situación que es vinculada con el fallo favorable a Cuevas.

Estigarribia comentó que tres días después de haber salido el acta de desestimación, Miguel Cuevas pidió una aclaratoria, lógicamente para asustar a los denunciantes. “El juez dentro de sus atribuciones nos declara “denunciante temerario” y nos imponen las costas, esto desde el punto de vista jurídico es muy grave porque prácticamente ya nos está presionando a la ciudadanía en sí para no realizar ninguna denuncia de hecho punible en contra de las autoridades ya sean políticas o inclusive judicial”, refirió.

Según el abogado, lo grave de todo es que el día 29 de julio, un día antes de que Miguel Cuevas asuma la presidencia de la Cámara de Diputados, la agente fiscal se presentó a la Contraloría General de la República y pidió que se le entregue el informe del caso de la Gobernación de Paraguarí y amenazó allanar la sede de la institución regional. Posteriormente, el día lunes ya desestimó la causa, alegando un informe de la Contraloría de fecha 28 de julio.

APELAR LA MEDIDA

El abogado Marcos Estigarribia manifestó que al salir la sentencia que les impuso el juez a pagar la cota a los denunciantes, decidieron apelar la medida como así también la desestimación de la causa. Resaltó que a raíz de esa apelación que realizaron, se le corrió traslado a la fiscal y decidió solicitar la reapertura porque había una presión de la prensa y la ciudadanía, caso contrario el tema iba a quedar en el folclórico oparei.

“Incluso la fiscal dice que va a intimarme a que presente las 125 hojas en la cual basamos la apelación. Sin embargo, en la denuncia inicial que hicimos el 2 de diciembre de 2017, nosotros adjuntamos un cuadernillo espiralado de 125 páginas. A raíz de la entrega de esos documentos, los agentes de delitos económicos y anticorrupción especializados de la capital recomendaron la apertura de una causa penal. Inclusive, la asistente fiscal no tuvo en cuenta la recomendación de una unidad especializada”, ratificó.

TRÁFICO DE INFLUENCIA

Por otra parte, Estigarribia subrayó que la acción de Cuevas se encuadra claramente dentro del tráfico de influencias, más todavía en este caso donde el proceso radica a cargo de la esposa de la persona nombrada en la Cámara Baja y el brazo derecho del juez de la causa, Blas Escauriza. “Nosotros estamos ahora analizando para ampliar la denuncia contra Cuevas por tráfico de influencias y asociación criminal”, concluyó.

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