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ASUNCIÓN.- El juez Eugenio Raúl Zaffaroni, integrante del Tribunal que lleva el caso Juan Arrom y Anuncio Martí contra el Estado paraguayo, se excusó de continuar en la causa, argumentando un motivo calificado. Destacó que ejerció la defensa de uno de los querellantes de los acusados y manifestó que por tal motivo, y a fin de garantizar la confianza en la imparcialidad del Tribunal, decidió apartarse.
Este pedido se encuentra previsto en el inciso segundo del artículo 19 del Estatuto de la Corte, que establece que: “si alguno de los jueces estuviere impedido de conocer, o por algún motivo calificado considerare que no debe participar en determinado asunto, presentará su excusa ante el presidente. Si éste no la aceptare, la Corte decidirá”.
En vista de lo anterior, la presidencia de la Corte consideró razonable acceder al planteamiento del magistrado, por lo cual, su titular, el juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, aceptó la renuncia.
Los datos revelan que Arrom y Martí y sus respectivos familiares reclaman un resarcimiento pecuniario al Estado por supuesto daño moral por un valor total de 63 millones de dólares americanos, en un juicio que entablaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su presunta desaparición forzosa y tortura ocurridas en el 2002.
Por otra parte, los exintegrantes del Partido Patria Libre (PPL), Juan Arrom y Anuncio Martí, fueron sindicados como responsables del plagio de María Edith Bordón de Debernardi en el 2001. Demandaron al Estado por supuestas violaciones a los DDHH, tras haber sido presuntamente secuestrados por las fuerzas del orden y afectados por las falencias en la investigación sobre lo ocurrido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó, a finales del pasado año, que Paraguay es responsable de una violación de derechos, argumentando que se quebrantó el “principio de presunción de inocencia de las víctimas al emitir propaganda estatal que los calificaba de responsables de un secuestro, sin condena firme”.
La CIDH también recomendó a Paraguay resarcir económicamente a los dos dirigentes por una suma de USD 63 millones, así como sufragar los costes derivados de la atención a su salud física y mental, mientras residen en Brasil. Actualmente, ambas personas están en carácter de refugiados en Brasil.
