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CIUDAD DEL ESTE, Alto Paraná.- La juez penal de Garantías de Presidente Franco, Carina Frutos Recalde, y el actuario judicial, Adalberto Adrián Soto Espínola, radicaron una denuncia formal en el Ministerio Público por Producción Mediata de Documento Público de Contenido Falso, contra personas innominadas.
Conforme con la denuncia, el 26 de marzo del 2019, siendo las 12:50 horas, compareció en la secretaría del juzgado el abogado Ronald Solaeche a los efectos de solicitar copia autenticada de una resolución, indicando como número de causa 13.500/02, individualizada como “Ministerio Público C/Joao Teme Amancio S/ coacción sexual”.
El profesional del derecho alegó que contaba con el oficio dirigido al jefe de Estadísticas del Poder Judicial, por lo que en atención al número de causa, y especialmente al año que obra en el documento (2002), se solicitó más datos, pues el Juzgado Penal de Presidente Franco se había habilitado recién en el año 2008 y no obra en el lugar causas anteriores.
Entonces, Solaeche entregó la copia simple de un oficio con número 2468, de fecha 20 de noviembre de 2018, que al ser corroborado en el sistema, no se hallaron registros de la persona afectada, como así también el número de causa.
Siguen relatando los denunciantes, que les llamó poderosamente la atención, que en la fecha en que supuestamente se expidió el oficio (25 de diciembre de 2017), la actuaria judicial que firma ya estaba fallecida.
A esto se agrega, en esa oportunidad, los oficios expedidos eran refrendados por el actuario Adalberto Soto o en su ausencia, por el abogado Carlos López. Igualmente, en todos los papeles figuran ciudad de Presidente Franco y no Ciudad del Este, como es el caso del oficio presentado por el abogado Ronald.
A raíz de las irregularidades verificadas, procedieron a la revisión de biblioratos de registro interno, confirmando el mandamiento 2468, data de fecha 13 de octubre de 2018, suscrito por Adalberto Soto.
Cotejando un poco más, se encontró que pertenece a otra causa penal S/ supuesto hecho punible c/ la vida (Aborto), con desestimación. Todos los documentos fueron entregados al Ministerio Público, para una investigación formal, pues habrían sido falsificados para beneficiar a un privado de libertad, quien sería Joao Teme Amancio.
La investigación del caso está a cargo del agente fiscal Julio César Paredes, quien inició los primeros trámites para el esclarecimiento del ilícito.
