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El juicio político al contralor general de la República, Enrique García, se puso en marcha en julio del año pasado, en Diputados. Casi 10 meses después, los senadores se tornaron repentinamente muy respetuosos de la ley y pusieron en marcha un proceso con plazos propios de un juicio ordinario, en nombre del “debido proceso”, invalidando así todo lo actuado anteriormente en esta materia, incluyendo la destitución de un presidente.
ASUNCIÓN.- Los senadores que asumieron el 30 de junio del año pasado decidieron destrabar los juicios políticos pendientes, y para hacerlo no tuvieron mejor idea que aprobar un reglamento que regirá para todos los casos, que lo que, en realidad, hizo, fue establecer prácticamente los mismos plazos que rigen en un juicio ordinario, con lo cual parecieran dejar sin efecto todo lo realizado hasta entonces.
De acuerdo a este reglamento, luego de que los fiscales designados por la Cámara de Diputados fundamentaran la acusación, el acusado tendrá unos 20 días para preparar su defensa y presentarla ante el Senado, convertido en tribunal. Esto no tiene sentido puesto que la acusación y el inicio del juicio no se dan de manera seguida, sino que, como en el caso del contralor, puede durar 10 meses, tiempo más que suficiente para que el acusado tenga su defensa aprendida y masticada.
En el caso de los ministros de la Corte –el único que tiene juicio pendiente es César Garay- es mucho peor ya que pasaron más de 4 años de la acusación de los diputados sin que en el Senado haya puesto en marcha el juzgamiento.
Este reglamento ya entró en vigencia el año pasado con el juicio al ministro de la Corte Sindulfo Blanco, lo cual ya resultó absurdo porque había pasado demasiado tiempo desde la acusación. Pero así se hizo y nadie lo cuestionó.
Lo que ocurre es que con este reglamento se dejan malparados los juicios realizados por Parlamentos anteriores, incluido el que destituyó al entonces presidente Fernando Lugo, cuyo juzgamiento, desde la acusación hasta su condena, no duró más de 3 días. Lo mismo ocurrió con el excontralor Óscar Rubén Velázquez, aunque él renunció el mismo día en que debía dictarse sentencia.
En el caso de Lugo, sus adherentes habían criticado lo que llamaron “juicio exprés” justamente porque no se había dado más que 24 horas para que el acusado ejerciera su defensa. El argumento de quienes defendieron lo realizado fue que se trataba de un juicio político, por lo tanto, no debía regirse por los plazos de los juicios ordinarios, ya que su funcionamiento y objetivo era totalmente diferente.
Ahora resulta que los senadores pretenden respetar “el debido proceso”, que rige para los ordinarios no para los juicios políticos. Tanto empeño en respetar estos plazos más pareciera que un sector pretende proteger al contralor y alargar todo lo posible su condena.
