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CIUDAD DEL ESTE. El Jurado de Enjuicimiento de Magistrados (JEM) solicitó al juez de primera instancia en lo Civil y Comercial, Juan Pereira, que remita la copia actualizada del expediente judicial del polémico caso en el que una joven viuda y su hijo menor de 7 años, fueron desalojados de una vivienda, en el marco de la regulación de honorarios de un abogado.

El documento que lleva la firma de Enrique Bacchetta, presidente del Jurado de Enjuicimiento de Magistrados, refiere: “… a los efectos que remita a la vista de este Jurado las compulsas actualizdas del expediente judicial caratulado: ´Regulación de honorarios profesionales del abogado Dennis Leonor Benítez en los autos: Manuel Fonseca Cáceres s/ sucesión´, que guarda relación con la publicación periodística del Diario La Clave de fecha 29 de enero de 2020, titulada: ´Desalojan de su vivienda a viuda y su hijo menor para que abogado cobre su honorario´, en el plazo de 24 horas”.

El mandamiento de desalojo de la casa ubicada en el barrio La Blanca de Ciudad del Este, perteneciente a Claudia Carolina Velázquez, fue ejecutado por el oficial de justicia Isaac Vera acompañado de una buena cantidad de policías. La orden emanó del juez Pereira.

Supuestamente el magistrado dispuso el desalojo pese a que existe un acuerdo entre el profesional del derecho y la propietaria. Sin embargo, en diciembre pasado la mujer ya había denunciado a su abogado ante el Ministerio Público alegando que habían acordado el pago de 20 millones de guaraníes en concepto de honorarios profesionales, en el marco de la causa por sucesión tras el asesinato de su esposo, y que el profesional buscaba enajenar su casa.

La viuda no honró el compromiso de pago y el letrado no encontró una mejor manera de cobrar que vender la propiedad, que está tasada en 200 millones aproximadamente. Luego pidió el desalojo de la mujer y su hijo, acción que fue concedida por el juez Juan Pereira.

El caso tomó repercusión nacional y los ataques se centran especialmente contra el abogado Dennis Leonor Benítez y el magistrado, cuyos antecedentes también sacaron a relucir.

Sin embargo, dividió la opinión de los profesionales del derecho; algunos se solidarizan con el letrado, afirmando que tiene el derecho de cobrar por el trabajo, ya que también debe mantener a su familia. Sostienen que el compromiso de pago de los 20 millones existió y la mujer incumplió. Otros atacan al Abog. Benítez. Lo tratan de sinvergüenza por “aprovecharse” de una mujer sola y con hijo pequeño. “No debió llegar a este extremo”, afirman y cuestionan su “falta de ética”.