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ASUNCIÓN.- La dependencia de la Justicia a los otros poderes del Estado arranca desde las mismas instituciones creadas por la Constitución para elegir y juzgar a los magistrados: el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, en las cuales el poder político, sobre todo el Congreso, tiene una presencia e influencia decisivas.
Justamente, el jurista Jorge Vasconsellos afirmó que el problema de ambos organismos es que “nacieron bajo el signo de los intereses sectoriales”. Dijo que al inicio, se hicieron buenos nombramientos “pero las sucesivas modificaciones en la integración hicieron que se vayan degradando ambos organismos hasta llegar a la situación actual”.
“El jurado siempre fue coto de caza de políticos y el gremio de abogados fue siempre funcional a esos intereses. Todo aquello se le criticaba a Óscar González Daher es exactamente igual a lo que hace (Enrique) Bacchetta y lo que hace Bacchetta es igual a lo que hicieron los anteriores”, expresó.
Vasconsellos manifestó que “es una barbaridad. El argumento de que si se lo saca a Bacchetta va a tener como reemplazante a (Javier) Zacarías Irún (argumento utilizado por Desirée Masi) significa apenas el reconocimiento de que esos órganos no funcionan, porque si los resultados dependieran del humor o los intereses de los representantes de turno, quiere decir que tendríamos que bajar al arcángel Gabriel para que integre el jurado”.
No hay que modificar la Constitución para hacer que el JEM funcione correctamente, explicó el jurista. “La ley nada más. El jurado comenzó bien porque en su primera reglamentación, los juicios a los jueces eran orales y públicos, y unos años después se modificó la ley orgánica y se volvió al sistema escrito y eso se traduce en el secretismo de las actuaciones”, añadió.
Siguió diciendo que “por otro lado, se le otorgó al jurado la posibilidad de iniciar de oficio, sin necesidad de denuncias y se convirtieron no solo en jueces sino en policías del Poder Judicial.
Así como funcionan tanto el jurado como el consejo en este momento, “sirve para disipar la responsabilidad política del Poder Ejecutivo. Porque no es ya el Ejecutivo el que nombra, se puede nombrar a cualquiera. No es la Corte la que destituye, entonces se puede destituir a cualquiera. Se diluyen las responsabilidades y sabemos que las responsabilidades compartidas son irresponsabilidades absolutas”, concluyó.
