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Si no se respetan las normas al iniciar una causa contra corruptos, a la larga éstos serán beneficiados puesto que las pruebas en contra suya no tendrán validez. Es lo que podría llegar a ocurrir con el caso de los audios del Jurado de Enjuiciamiento, que fueron obtenidos y emitidos sin orden judicial. Juristas de renombre coinciden en que no se puede combatir la corrupción violando las normas vigentes.
ASUNCIÓN.- Juristas de la talla del español David Balbuena o del paraguayo Óscar Germán Latorre, coincidieron con que es inadmisible que se pretenda luchar contra la corrupción violando las reglas vigentes, tal como lo viene diciendo nuestro diario desde que se inició el escándalo de los audios del JEM, que habrían dejado al descubierto un esquema de tráfico de influencias que salpicó a mucha gente.
Balbuena había dicho que si bien es difícil saber qué es lo que se tiene que hacer para combatir la corrupción y la impunidad, sí está claro lo que no se puede hacer, y es saltar las reglas y hacer lo mismo que aquellos a los que combatimos.
La emisión de los audios del JEM tuvo un gran oportunismo electoral, aunque pretendió disfrazarse como una genuina expresión del combate a la corrupción y la impunidad. En realidad, los pinchazos fueron realizados por los medios de Aldo Zuccolillo, violando garantías fundamentales, consagradas en la Constitución Nacional.
Latorre también había sido contundente en decir que no se puede combatir la ilegalidad con métodos ilegales, puesto que no solo se estaría atropellando el ordenamiento jurídico sino que no se obtendría el objetivo buscado y quienes resultaran identificados como sospechosos de corrupción terminarían beneficiados al conseguir que se anule todo el procedimiento.
Por más que los autores de los fonopinchazos insistan con que la perogrullada de que el bien general está sobre el particular, aquí lo único cierto es que los mismos fueron obtenidos de manera ilegal, es decir, sin autorización de un juez competente, violando garantías consagradas en la Constitución.
Además de ser ilícitas, nadie sabe el origen de tales “escuchas”, ni la veracidad de sus contenidos. Simplemente se da por hecho que son válidas, incluso como elementos probatorios en un juicio, merced a una retorcida “interpretación constitucional”, y proceden al linchamiento público de los presuntos protagonistas, hacen campaña para destituirlos de las funciones que desempeñan y para que vayan a la cárcel, convirtiéndose así en fiscales acusadores, jueces, camaristas y hasta ministros de Corte.
