El dictador Augusto Pinochet, falleció en 2006 y ahora su familia deberá devolver parte de los bienes.
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Justicia chilena ordenó un decomiso de bienes de Pinochet de US$ 1,6 millones

La Corte Suprema de Chile ordenó la incautación de 1,6 millones de dólares a la familia del fallecido dictador Augusto Pinochet, más de 14 años después del descubrimiento de las cuentas del general en un banco estadounidense. La Corte estableció que el monto total defraudado por el opresor era de 17,8 millones de dólares, pero la mayor parte del dinero escapaba a los plazos de prescripción.

SANTIAGO DE CHILE.- Luego de 14 años de investigación y a casi 12 años de la muerte de Augusto Pinochet, la Justicia chilena cerró el caso Riggs, que indagó la malversación de fondos públicos realizada por el dictador en los 17 años de su régimen (1990-1973).

Aunque el patrimonio total de Pinochet ascendía a 21,3 millones de dólares (unos 18 millones de euros), de los cuales 17,8 millones tenían un origen ilícito, la Corte Suprema chilena ordenó el decomiso de 1,6 millones de dólares -1,3 millones de euros- de sus bienes, que fueron los que escaparon a los plazos de prescripción. El máximo tribunal, adicionalmente, condenó a tres exoficiales del Ejército que ayudaron al expresidente a depositar dinero en un centenar de cuentas bancarias ocultas en el desaparecido Riggs Bank de Estados Unidos a su nombre, el de parientes y utilizando seudónimos, como Daniel López o John Long.

El monto que la Corte Suprema ordenó devolver fue extraído de los gastos reservados del Estado chileno durante la dictadura. Los exmilitares Gabriel Vergara Cifuentes, Juan Ricardo Mac Lean Vergara y Eugenio Castillo Cádiz -que fueron condenados a cuatro años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada- eran funcionarios públicos cuando “tomaron parte en su sustracción en favor de Pinochet Ugarte o sus familiares, en perjuicio del erario nacional, configurándose de ese modo el delito de malversación de caudales”, señala la sentencia.

El dictamen del Supremo establece que los herederos perderán los bienes “no por ser autores del delito de malversación de caudales públicos, sino porque esos bienes provienen de este” y porque los adquirieron con posterioridad al inicio del juicio.

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