viernes , abril 19 2019
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¿Justicia o politiquería?

Hoy se inicia el juicio político al contralor general de la República, Enrique García, acusado por la Cámara de Diputados por producción y uso de documentos no auténticos, por el caso Ivesur, en la época que era asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción. Además, recientemente los legisladores agregaron al libelo enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Esta mañana, los senadores escucharán la fundamentación de los fiscales designados por Diputados y luego, el acusado tendrá casi un mes para preparar su defensa. Todo este proceso se puede realizar si existe quórum, es decir, la mitad más uno de la cámara (23 legisladores).

Sin embargo, en el estadio final, se requerirá mayoría absoluta de votos (30) en el caso de encontrarlo culpable y destituirlo del cargo. Hasta ahora se comenta que no existen los votos necesarios para hacerlo y que todo depende del acuerdo político al que lleguen las bancadas de añetete y el llanismo liberal, que son los que tienen la mayoría de legisladores de la cámara.

Algo que aumenta la duda de que pudiera conseguirse la condena de García es la postura de la bancada de Patria Querida, que sigue insistiendo en que junto con el contralor debe renunciar el subcontralor, Camilo Benítez, quien no tiene ningún cuestionamiento, pero es colorado, y los de PPQ no quieren que el contralor y el jefe del Ejecutivo pertenezcan al mismo partido político.

Tanto con el libelo acusatorio de Diputados como con las pruebas que los fiscales presentarán y la defensa que ejercerá García, los senadores tendrán elementos suficientes para conocer la verdad, tanto si es culpable como si es inocente. Lamentablemente, no son los hechos los que inspiran los votos de los legisladores, sino los acuerdos políticos a los que lleguen sus respectivos bloques.

De todas maneras, será importante que, en el caso de que García sea culpable de los delitos por los que se le acusa, sea destituido del cargo porque quien preside el órgano que controla el uso del dinero público por parte de los poderes del Estado y entes descentralizados, no tendría que tener ninguna sospecha encima de él. Es más, hasta se podría pensar que habiendo despertado tantas dudas en su actuación, lo mejor es que deje el cargo, ya sea por voluntad propia o por condena del Senado.

Este es el segundo contralor que es sometido a juicio político. El primero fue el oviedista Óscar Rubén Velázquez, quien decidió renunciar un día antes de que lo destituyeran, cuando se percató de que la cámara había conseguido los votos necesarios para hacerlo.

Siendo la Contraloría la institución más importante para auditar los actos del gobierno, resulta muy grave que por segunda vez la cabeza esté siendo juzgada por indicios de la comisión de delitos. Posiblemente habría que cambiar los requisitos para la elección de quien se ocupará de controlar a los administradores del Estado, que no puede tener ninguna duda sobre su actuación.

En el caso de que García sea destituido, lo sucederá el subcontralor, quien, insistimos, no tiene ninguna crítica sobre su actuación. Así que si la oposición insiste en exigir que también sea destituido, esto se deberá exclusivamente a intereses políticos que nada tienen que ver con lo delicado de la función que deberá ejercer.

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