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“En resistencia” se declaró la Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela ante el decreto de la constituyente presidencial del 18 de agosto, que la despojó de sus competencias constitucionales para legislar. Los legisladores denunciaron además, la “toma militar” de sus áreas con el objetivo de interferir sus funciones legítimas.
CARACAS.- En una sesión extraordinaria, con presencia de diplomáticos de 19 países, los diputados acordaron –por unanimidad– no subordinarse a las órdenes de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Resolvieron también denunciar en instancias como el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el secretario general y el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “las pretensiones de usurpar las funciones legislativas que le corresponden al cuerpo parlamentario”.
La plenaria autorizó a la directiva de la AN para que escoja a cinco diputados que integrarán la comisión especial, que investigará a los constituyentes que aprobaron la disolución del Parlamento.
En los próximos días convocarán una reunión de la Unión Interparlamentaria Mundial en Caracas, para rechazar los actos del foro de carácter ilegítimo e inconstitucional surgido el 30 de julio, en medio de denuncias de fraude electoral. La cita aún no tiene fecha, pero fue planteada por el titular del Legislativo, Julio Borges, al presidente de la UIP, Saber Hossain Chowdhury, en una conversación telefónica.
En el acuerdo, de cuatro páginas, no se habla de “disolución” del Legislativo, sino de una “pretensión de usurpación de funciones por parte de una inconstitucional y fraudulenta ANC” y un exceso en sus atribuciones. Por esos rasgos, consideran que sus actos son nulos o “sin eficacia jurídica” y que el decreto del 18 de agosto está viciado, es ilegal e inconstitucional.
“Esa supuesta constituyente no puede, en forma alguna, interferir en sus funciones, menos aún pretender suplirla en la adopción de la legislación en materias de la reserva legal, que corresponden exclusivamente a este cuerpo parlamentario”, advierten.
La Asamblea Nacional acordó denunciar el fraude constitucional de la ANC y la usurpación de la soberanía popular, legítimamente cedida en elecciones al Parlamento, único titular del Poder Legislativo.
El acuerdo será remitido a la Unión Interparlamentaria Mundial, a los parlamentos Latinoamericano (Parlatino) y de Mercosur (Parlasur), y al cuerpo diplomático acreditado en el país.
El primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, rompió en el hemiciclo el decreto de la ANC, y luego desmintió a la presidente constituyente, Delcy Rodríguez, según la cual constituirían una comisión de enlace, con cinco integrantes. Descartó una “convivencia” porque ambas instancias funcionan en el Palacio Federal, en Caracas.
“Eso es ofensivo. Es como decir que en la frontera se convive con la guerrilla, con el narcotráfico. Aquí (en el Palacio Federal) no hay convivencia sino una toma militar, una ocupación militar. Asaltaron el Salón Elíptico, luego secuestraron el hemiciclo Protocolar y el Museo Bolivariano con la complicidad de la Fuerza Armada. Lo que no consiguen con los votos, lo quieren lograr con las armas”, dijo Guevara.
ADVIERTEN QUE CONSTITUYENTE AGRAVARÁ LA CRISIS ECONÓMICA
Transcurrieron 18 días desde la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y pese a que la economía es uno de sus 9 objetivos, todavía no ha sido debatido ese punto: “La constituyente debe ampliar y perfeccionar el sistema económico venezolano para dejar dibujado e instalado un nuevo sistema económico pospetrolero”. Economistas señalan que hay que dar un cambio de rumbo en el modelo, que solo es posible en democracia.
“El reto más grande que tenemos es lograr la prosperidad económica”, aseguró el presidente Nicolás Maduro cuando visitó el Palacio Legislativo el jueves 10 de agosto, momento en que entregó su propuesta de lo que podría ser la nueva Constitución.
Sin embargo, economistas advierten que con la constituyente sucederá todo lo contrario, pues se trata de la prolongación de un sistema que no ha funcionado.
“Eso de perfeccionar la economía implicaría que todo va bastante bien y que lo que hay que hacer es mejorarla, no modificarla por completo. Ahí hay un problema. Porque el sistema que tenemos no es uno pospetrolero, por lo tanto no se puede perfeccionar para que lo sea. Lo que tenemos es una dependencia absoluta de esos ingresos.
Si la intención es perfeccionar lo que ya se tiene, no cambiarlo, lo que va a generar entonces es más inflación, escasez, menos producción y más pérdida de capital humano”, explicó el economista venezolano Ronald Balza.
A 150 MIL VENEZOLANOS SE LES VENCIÓ PERMISO DE PERMANENCIA EN COLOMBIA
El departamento de Migración Colombia, dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, emitió un informe sobre el desplazamiento de venezolanos y neogranadinos en la zona de frontera y en este documento señala que a más de 150.000 venezolanos se les extinguió el lapso de permanencia en el vecino país.
“De acuerdo con los cálculos de Migración Colombia, dentro del territorio nacional permanecen en la actualidad un poco más de 153.000 ciudadanos venezolanos a quienes ya se les venció su permiso temporal de permanencia, así como cerca de 50.000 más a quienes estarían próximos a vencérseles y estarían en permanencia irregular”, indica el informe.
El organismo migratorio explicó que cuando un ciudadano extranjero ingresa al país neogranadino mediante un puesto de control habilitado sellando su pasaporte, se le otorga un permiso de estadía por 90 días para que permanezca en el país y que puede ser prorrogado por otros 90 días para un total de 180 días al año.
“De los 263.331 ciudadanos venezolanos que habían ingresado durante los primeros seis meses de este año a Colombia, al 30 de junio ya habían salido del territorio nacional 228.380 personas”, agrega el informe de Migración Colombia.
Agrega, que el ingreso de venezolanos a Colombia para utilizar este país como puente a terceras naciones, se mantiene. Los principales países de destino son Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú y Chile.
“Tras depurar nuestra base de datos logramos identificar un número alto de ciudadanos venezolanos que permanecen de forma irregular en el territorio nacional, debido a la situación que vive Venezuela. Nosotros como gobierno no podemos ser ajenos a la realidad que vive el pueblo venezolano y mucho menos cerrarles las puertas a un país hermano”, manifestó Christian Krüger, director de Migración Colombia en el informe.
RAFAEL ORTEGA, EL MAGISTRADO QUE PIDIÓ PROTECCIÓN AL GOBIERNO COLOMBIANO
El magistrado Rafael Ortega, uno de los 33 juramentados en julio pasado por el Parlamento en Venezuela y quien se encuentra en Colombia para “resguardar” su integridad y la de su familia después de que el Gobierno de Nicolás Maduro, ordenara su detención, aseguró que en su país no hay justicia.
“No es que está acéfala, es que no hay justicia” en Venezuela, manifestó Ortega, quien aclaró que llegó el pasado 1 de agosto a Colombia para “resguardar” su integridad y la de su familia y no huyendo.
A su juicio, la justicia en Venezuela “está tomada, está secuestrada”. Y sobre la exfiscal Luisa Ortega, quien arribó el viernes a Bogotá junto a su esposo y dos funcionarios de su despacho, indicó que ha “sido perseguida” por haberse pronunciado frente a unas sentencias del Tribunal Supremo “conforme a su criterio”.
“La fiscal se puede pronunciar, la fiscal de la república es una persona, cualquier fiscal en cualquier país, es una persona que se puede manifestar jurídicamente, acusar, sancionar, cumplir con sus funciones. Ahí es donde vemos que si tú no estás conmigo, yo te persigo”, opinó el jurista y catedrático.
Ortega consideró que ella se encuentra también en Colombia “protegiendo su integridad física y la de su familia”.
El pasado 21 de julio, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, juramentó a 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, para sustituir a los que considera “ilegítimos”, después de que en diciembre de 2015 la mayoría chavista en el Legislativo designó a decenas de jueces.
