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Reflexionar sobre nuestra realidad política no es tarea sencilla. Procurar comprender los acontecimientos que a diario se producen, la conducta de nuestras autoridades y sus decisiones, exige la aceptación de que las cosas no son como debieran.
Es claro que si el baremo fuera elevado, el resultado del análisis y las conclusiones arrojarían como resultado una crítica más severa. Pero no debe escapar al observador, que la construcción del sistema democrático y representativo en nuestro país, es tarea iniciada hace apenas veinte y siete años, por lo tanto, pudiera ser razonable (no sé a ciencia cierta si lo es, o no), que las jóvenes instituciones republicanas padezcan debilidades y vicios, de los que – pareciera – no pueden liberarse, por la falta de una visión clara en los actores, protagonistas y principales responsables.
La refundación del Paraguay, el 3 de febrero de 1989, constituye un hecho histórico, que ha marcado el fin de un modelo de intolerancia y exclusión, cuya vigencia en el pasado, se extiende por mucho más tiempo que el de gobierno del derrocado Alfredo Stroessner, y tal vez su origen podría situarse en la época inicial de nuestra independencia.
Con la Constitución de 1992, elaborada por primera vez en nuestra historia, con la participación de todos los sectores políticos y sociales nacionales, se pretendió diseñar un sistema de convivencia tolerante, sin exclusiones, ni persecuciones, estableciendo instituciones de gobierno que, en el ejercicio de la representación popular, satisfagan sus necesidades materiales y espirituales.
Todos éramos conscientes de que la tarea de formar y consolidar las instituciones sociales y políticas creadas por la nueva Constitución no se presentaba como un desafío fácil o sencillo. Se requería (y requiere) de los mejores, de talento, de la mejor formación académica y moral.
Pero, poco más de un cuarto de siglo han sido suficientes para evidenciarse que nos hemos desviado del propósito enunciado, y las Instituciones creadas por la Constitución siguen padeciendo vicios y debilidades, que creíamos debían ser superadas.
El autoritarismo anterior, fue reemplazado por la corrupción, de la mano de la chatura intelectual de los protagonistas y responsables de la vida política de nuestro país, manteniendo la debilidad de las instituciones democráticas y republicanas.
El acceso a los cargos de relevancia de ineptos y oportunistas, ha provocado una profunda degradación de conceptos, de los valores sociales y republicanos, y la confusión – hoy día – es tal, que los llamados a gobernarnos se han olvidado que los cargos que ostentan constituyen dignidades y no simples empleos.
La institución más importante en el sistema republicano de un país, es su Parlamento. Así lo ha sido desde su aparición como órgano de representación popular y pluralista. El Parlamento debe ser el escenario en el cual se debatan las ideas y proyectos que representen los altos intereses de la nación y no el lugar propicio para obtener beneficios personales o sectoriales.
Nuestros parlamentarios, sin embargo no han sabido, o no han querido entender que desde el cargo que ocupan nos representan en la elaboración de las leyes, en la conformación de los órganos e instituciones que regirán nuestras vidas, en el control de la correcta administración del gobierno.
Han preferido olvidarse de la importancia y trascendencia de sus funciones, despreciando la dignidad del cargo, optando por convertirse en simples empleados de un órgano, cambiando la naturaleza de sus retribuciones económicas llenándose de privilegios.-
Considerar que un Parlamentario es empleado del Estado (o de la sociedad) es un despropósito y pretender, o tolerar que se comporte como tales, es igualmente perverso. El empleado tiene un “patrón” al que debe obediencia, mientras el Parlamentario no puede encontrarse sometido a mandato imperativo de nadie.
El empleado cobra sueldo, horas extras, bonificación familiar y otros beneficios, el Parlamentario, dieta, y la diferencia es sustancial. El sueldo es una retribución del trabajo que se presta por cuenta ajena y en relación de dependencia, y dieta es un estipendio que paga a quienes ejecutan comisiones o encargos por cada día en que se ocupan en ellos, o por el tiempo que emplean en realizarlos.
Los empleados tienen derecho a la jubilación, al cumplir cierta edad, y alcanzar determinado tiempo de trabajo, mientras los parlamentarios no, a pesar de que en nuestro país, basta haber sido diputado o senador por un periodo de cinco años, para gozar de este privilegio.
La degradación a la que han sometido los parlamentarios a la dignidad del cargo, han generado errores y confusiones, no solo a la sociedad, sino a los mismos funcionarios del Estado, y es por ello explicable, aunque no justificable, que el secretario de la Función Pública, haya remitido una nota a las Cámaras de nuestro Parlamento, con la lista de diputados y senadores que – por edad – están en situación de someterse a este beneficio (privilegio el caso particular).
El hecho que generó la airada reacción de los afectados, no debe pasar desapercibido, ni constituirse en motivo de burlas o críticas, sino que debe ser objeto de preocupación y reflexión, con el propósito de procurar rectificaciones que permitan modificar la realidad, devolviendo al Parlamento el sitial que le corresponde en la estructura de un Estado republicano y democrático, cuyos integrantes ejerzan con altura la dignidad que reclama el cargo.
