Miércoles , septiembre 26 2018
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La ética en la función pública

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Pero esto no es del todo cierto. Hay una nueva generación de personas honestas y probas que han empezado a ejercer la función pública, entre ellos, muchos intendentes y concejales municipales en todo el país. Así que a esta gente, que no parece pensar en enriquecerse ilícitamente, por lo menos en los próximos años, también deberíamos exigirles que adecuen sus acciones a la ética, esa ley no escrita que no tiene pena carcelaria, pero diferencia claramente entre quienes pueden lograr un cambio profundo y quienes no son más que un bluf.

Cómo nos hace falta que alguien que ha logrado despertar nuestra confianza se muestre absolutamente intransigente con quienes no se adecuan a las normas vigentes, sin importar la gravedad del delito del cual se les acusa.

Un sector político ha cuestionado a Mario Ferreiro durante la campaña proselitista por contar en su equipo con personas que han sido imputadas por enriquecimiento ilícito. En todo momento él mantuvo una postura aceptable, defendiendo la presunción de inocencia y evitando que los cuestionados aparecieran muy pegados a su figura.

Pero hoy ya es intendente y la ciudadanía asunceña ha depositado en él la confianza de que un nuevo tiempo puede ser posible en la capital. Hay decisiones tomadas en la administración municipal que ratifican ese sentimiento y a nadie se le ocurre pensar que Ferreiro y su equipo hayan llegado a la administración pública para enriquecerse a costa nuestra. Confiamos en su honestidad y por eso es que nos sentimos con el derecho de exigirle que imprima a su actuación un gran componente ético, que es lo que realmente nos salvará como sociedad de este berenjenal en el que nos han metido durante décadas dirigentes políticos y funcionarios públicos que ni siquiera conocían el significado de esa palabra.

No hay delito pequeño para un funcionario público. Si Karina Rodríguez firmó planillas de asistencia de un presunto asesor cuando éste ni siquiera se encontraba en el país, ha incurrido en el mismo delito por el cual se le acusa y está procesado Alberto Ramírez Zambonini.

Y si Ferreiro aplaudió la investigación de la Fiscalía en el caso de los planilleros del TSJE (suponemos que lo hizo), no puede ahora intentar minimizar el hecho por el cual se le acusa a su directora del Área Social, por más cercanía que hubiere entre ambos.

El intendente –que habla de una nueva forma de hacer política- debió ser el primero en reaccionar y anunciar que se investigaría la denuncia. Lo único que no podía hacer es lo que hizo, minimizar el hecho y restar credibilidad a lo que publican los medios, sin tener en cuenta que fueron denuncias de los medios los que pillaron grandes negociados que él mismo había aplaudido.

Nadie acusa a Karina Rodríguez de ser delincuente. Pero si firmó esas planillas, falsificando una información, no es una persona creíble que pueda seguir ocupando un cargo público. Ya hay suficientes sinvergüenzas en la Administración Pública para que tengamos que soportar los desaciertos de quienes nos habían dicho que podíamos confiar en ellos.

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