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La Fiscalía había sobreseído a Cíbar Granada porque Venezuela negó datos

Cíbar Granada, expresidente de Petropar
Cíbar Granada, expresidente de Petropar

En una investigación fiscal sobre irregularidades que lesionaron el Acuerdo de Caracas, fueron desvinculados tres expresidentes de Petropar, en 2013, por un faltante de US$ 38 millones en varios conceptos. Se cerró el caso solo porque Venezuela no remitió documentos que podían haber probado la existencia de hechos dolosos. Hoy, con la denuncia de contratos y pagos irregulares cobra fuerza, de nuevo aquellas gestiones.

ASUNCIÓN.- Ante las dudas generadas por la ausencia de tales documentos, quedaron fuera del proceso Alejandro Takahasi, Cíbar Granada y Armando Rodríguez, imputados por un perjuicio de US$ 38 millones por acuerdos realizados con Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

De los tres, es Granada quien está más comprometido debido a que durante su administración al frente de la compañía petrolera paraguaya firmó la Emmienda al Contrato 134.787 que elevó “premios” que ya estaban previstos en contratos anteriores. Esta modificación firmada por Granada (hoy gerente de un emblema privado) causó un perjuicio patrimonial de US$ 33 millones a Petropar.

Sobre Granada también existen otras sospechas de favorecer al emblema privado; el mismo donde fue contratado al abandonar la presidencia de la petrolera del Estado.

El premio al que refiere el acuerdo modificado consiste en el pago de un monto por flete, que incluye la gestión del contratado (flete), costos financieros de los proveedores, beneficio efectivo comercial, confiabilidad del comprador, políticas tributarias aplicadas por el país importador, y gestión del comerciante.

Para completar la información, el Ministerio Público solicitó información a PDVSA a través de cancillería paraguaya al gobierno venezolano; sin embargo nunca hubo respuestas.

El Acuerdo de Caracas fijó el pago del premio para cada contrato y el monto debía acompañar las variaciones del precio internacional del crudo; o sea podía subir o bajar.

Una auditoría ordenada a la empresa Audicon encontró que PDVSA facturó a Petropar en concepto de “premio diferencial” montos que fueron fijados en negociaciones fuera del Acuerdo; tanto entre Takahasi y Granada. Fue el segundo quien lo “oficializó” en contrato antes mencionado.

Esta información debió ser corroborada por la Fiscalía con documentos que están en poder de PDVSA; sin embargo jamás fueron remitidos desde Caracas.

La imputación a Granada fue firmada por la abogada Rocío Vallejos, por entonces fiscal de delitos económicos y anticorrupción, por el hecho de haber firmado la enmienda de referencia. Luego fue desestimada por su colega la fiscala Silvia Cabrera y ante “la duda” solicitó la desestimación de la denuncia. Vallejos fue nombrado más tarde al frente de la Dirección General de Aduanas.

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