Luis Villamayor, abogado de operadores de Petropar.
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A la Fiscalía no le interesa la denuncia contra Patricia Samudio

ASUNCIÓN.- Los operadores de Petropar, quienes denunciaron a Patricia Samudio, presidente de la compañía del Estado, lanzaron fuertes cuestionamientos contra el Ministerio Público debido a que comprobaron que no existe agente fiscal que investigue el caso.

Luis Villamayor, abogado la Asociación de Operadores de Petropar (Aope), dijo ayer que realizó las averiguaciones en la Fiscalía de Delitos Económicos y constató que la carpeta entregada hace más de dos semanas está en las mismas condiciones en las que dejó, y dijo: “lamento que la Fiscalía no se interese por una denuncia tan grave que afecta a 7 millones de habitantes”.

La única diligencia hecha por Sandra Quiñónez, fiscal general del Estado, fue la de remitir las pruebas entregadas por Villamayor a la fiscal adjunta Sandra Machuca, “quien aún no designó a la agente que llevará adelante la investigación”, explicó el profesional.

Aclaró que fue al Ministerio Público “con la creencia de que la fiscal adjunta Machuca ya designó a alguien para que atienda esta cuestión”. Sin embargo, la realidad fue otra y agregó: “esto es algo muy grave”.

Reiteró que Machuca tiene una “profunda antipatía personal” hacia él, porque la denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por el caso de su hijo, quien fue asesinado. “Ella sobreseyó definitivamente a Alain Jacks Díaz de Bedoya (sospechoso), pese a que aún no contaba con todos los resultados de las pruebas que había pedido la propia Fiscalía”, recordó.

Las irregularidades que deben ser explicadas por Samudio son varias, pero entre ellos figuran tres considerados graves: Privilegió a la empresa Monte Alegre SA, del asesor “ad honorem” de Marito Abdo, Conrado Hoeckle, entregándole combustibles dos días antes de aumentar los precios. Es decir, tenían la información de la suba y dos días antes de concretar el incremento, compraron 7,5millones de litros de gasoil. Solo por la operación, en la variación de precio, sin contar sus ganancias por la venta, la familia Hoeckle ganó US$ 1 millón.

Samudio compró, además, gas licuado de un competidor local, vía excepción, y disparó el precio del producto. Alegó que no tenía tiempo para importarlo, sin embargo, tenía stock para 30 días, tiempo suficiente para la importación, que llevaba una semana desde los tanques del proveedor hasta las esferas de Petropar.

Samudio violó la Ley de Presupuesto al realizar depósitos en bancos privados que no fueron para el pago a proveedores del exterior. La sospecha se extiende a que su intención fue negociar con bancos acreedores de la empresa Triqueta SA, propiedad de su esposo José Costa Perdomo.

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