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Sería un disparate la desaparición de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), cuya base de operaciones se encuentra en el Norte del país. Si eso llega a concretarse sería como abrirles las puertas grandes del Paraguay, a los grupos criminales para que hagan lo que se les plazca a lo largo y ancho de la geografía nacional.
Un sector de la oposición a toda costa están siempre con la intención de eliminar esta tarea desplegada por la Fuerza Pública, constituida por militares y de la Policía Nacional para hacer frente al grupo criminal autodenominado “Ejército del Pueblo Paraguayo” (EPP), que viven agazapados en la región Norte del país.
Quieren obviar esta función, y en esta ocasión el senador liberal, Miguel “tito Abdón Saguier, arguyó las supuestas causales de la eliminación de esta figura. El objetivo apunta a otra dirección, dejar mal parado a la administración del presidente Horacio Cartes, con la intención de desestabilizar al país, al extremo de volverlo ingobernable.
Sería como la Fuerza Acción Revolucionaria Colombiana (FARC), en su apogeo en la antigua Colombia, en su momento dorado en la lucha encarnizada a través de la guerra de guerrilla. Con estas intentonas por parte de algunos parlamentarios que no comulgan con la administración central de la nación, ofrecerían mesa servida y brindarían carta blanca para que el grupo criminal se adueñe de la zona Norte del país.
Los parlamentarios de la oposición, conformado por los del Frente Guasu, sumados los liberales, disidentes, y otros, ya plantearon en ocasiones la eliminación de la FTC. Sin embargo, hay que reconocer que existen cuestiones que reajustar en el cuadro de uniformados, para mejorar sus acciones y eliminar a los terroristas, con el fin de instalar seguridad y tranquilidad en la población norteña.
La guerra contra el EPP, sin duda constituye un enfrentamiento de largo alcance, pero tampoco se le puede dar tregua, y mucho menos por cuestiones políticas coyunturales suspender su acción, por el simple hecho perjudicar y pretender dejar sin escenario de acción política al actual presidente de la República, cuya administración está redoblando las acciones, para que estos grupos armados de guerrilleros no crezcan en sus intenciones desestabilizadoras.
A ninguna persona, mucho menos aquellas que ostentan autoridad dentro del parlamento nacional, se le puede permitir seguir insistiendo en la erogación de esta figura de defensa a favor de la sociedad en general.
Esto constituiría una señal de debilidad de las autoridades arropadas de ciertos rangos en los poderes de la nación. Como ya dijimos sería abrir las puertas del Paraguay para el crecimiento de este grupo criminal que se instaló en la región Norte del país.
