ADN Digital
En vísperas de las internas coloradas, ¡oh casualidad!, ABC Cardinal comenzó a divulgar audios que comprometían al entonces presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, también entonces senador por la ANR, Óscar González Daher. A partir de ese momento se sumaron otros actores en calidad de denunciados, como su colega Jorge Oviedo Matto, el exministro del interior del gobierno de Federico Franco, Carmelo Caballero y el fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón, entre otros. Se desataba así lo que ante la opinión pública se presentó como una “genuina expresión del combate a la corrupción y la impunidad”, cuando en realidad no es más que un tenebroso operativo de prensa, montado por los medios de Aldo Zuccolillo para llevar a cabo una implacable persecución selectiva con fines estrictamente políticos y, más específicamente, electoralistas, atropellando salvajemente el Estado de Derecho y violentando garantías fundamentales consagradas en la Constitución Nacional.
Demás está decir que la lucha contra estos viejos flagelos son materias pendientes en nuestro país y que deberían ocupar un lugar de primerísimo orden en la agenda política, para que el Paraguay prospere y el régimen institucional se haga fuerte. Sin embargo, aunque resulte de lógica elemental decirlo, no se puede combatir la ilegalidad con métodos ilegales, pues por esa vía, además de atropellar el ordenamiento jurídico, finalmente no se obtendría el objetivo proclamado y los sospechados de corrupción, sean estos u otros, terminarán siendo exhonerados. Y la impunidad, lejos de retroceder, seguirá campante.
Los audios en cuestión son ilegales, al no haber sido autorizados por un juez competente. Los mismos periodistas que hoy los difunden denunciaban a voz en cuello “fonoinchazos” de los que habría sido objeto una de sus colegas de ABC, hace menos de dos años. Entonces afirmaban, con mucha razón, que las espías telefónicas constituían uno de los escándalos más graves de la etapa democrática. Pero ahora, por motivaciones políticas, la detestable práctica es considerada “normal” y no tienen problemas en borrar con el codo lo que antes escribieron con la mano, siguiendo el criterio de que “el fin (de Zuccolillo) justifica los medios”.
Además de ser ilícitas, nadie sabe el origen de tales “escuchas”, ni la veracidad de sus contenidos. Simplemente se da por hecho que son válidas incluso como elementos probatorios en un juicio, merced a una retorcida “interpretación constitucional”, proceden al linchamiento público de los presuntos protagonistas, hacen campaña para destituirlos de las funciones que desempeñan y para que vayan a la cárcel, convirtiéndose así en fiscales acusadores, jueces, camaristas y hasta ministros de Corte.
Ahora bien, ¿acaso proponemos que no se investiguen las denuncias? No, de ningún modo. Los denunciados y muchos otros deben ser investigados, pero respetando los derechos y garantías constitucionales que tenemos o debemos tener todos los ciudadanos, pues, si siguiéramos la “línea” de ABC color y su radio, mañana podrían darse por “válidas” las declaraciones que se obtengan en sesiones de tortura o “evidencias” que se levanten en un allanamiento sin orden judicial, muy comunes en tiempos del salvajismo stronista.
En suma, lo que estamos observando de diciembre a esta parte, no tiene nada que ver con la intención real de extirpar de nuestras instituciones el cáncer de la corrupción y de la impunidad. Es una farsa gigantesca, que combina la vendetta política de Zuccolillo contra el oficialismo, al cual quiere ver destruido a como dé lugar, y su pretensión de que la ANR vuelva nuevamente a la llanura. Y para lograr tales objetivos, sus medios desempeñan el macabro papel de ser la vanguardia de una campaña que se está llevando por delante a la Constitución y al Estado de Derecho.