Martes , agosto 21 2018
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La gran farsa (II)

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Bajo el ropaje de la lucha contra la corrupción y la impunidad, el diario ABC Color y la radio que pertenece a dicho grupo, Cardinal, vienen desarrollando un perverso operativo de prensa, violatorio de garantías constitucionales fundamentales, cuya única finalidad es perseguir implacablemente al oficialismo, provocarle el mayor desgaste político posible al Partido Colorado y  así crear, artificialmente, las condiciones propicias para su derrota electoral en abril próximo.

Todo lo demás es cuento chino. Ni la erradicación del tráfico de influencias, que tiene al propio Aldo Zuccolillo (88) como uno de sus principales protagonistas, ni el castigo a los corruptos, entre quienes él mismo se encuentra, ni nada que tenga que ver con el imperio de la ley y el saneamiento real de las instituciones. El anciano director propietario del poderoso medio y su hija, Natalia, quien se perfila con iguales o peores características que su padre,  solo quieren retomar los hilos del poder, que antes de Cartes manejaban discrecionalmente y, junto con eso, llevar a cabo su ansiada vendetta, para lo cual utilizan  a jueces y fiscales complacientes como sus brazos ejecutores, además de a parlamentarios que siempre siguieron sumisamente su libreto.

¿Porqué decimos que la campaña en curso es violatoria de garantías constitucionales? Muy simple. El artículo 36 de nuestra Constitución Nacional, “Del derecho a la inviolabilidad de patrimonio documental y la comunicación privada” establece taxativamente cuanto sigue” “El patrimonio documental de las personas es inviolable. Los registros, cualquiera sea su técnica, los impresos, la correspondencia, los escritos, las comunicaciones telefónicas, telegráficas o de cualquier otra especie, las colecciones o reproducciones, los testimonios y los objetos de valor testimonial, así como sus respectivas copias, no podrán ser examinados, reproducidos, interceptados o secuestrados sino por orden judicial para casos específicamente previstos en la ley, y siempre que fuesen indispensables para el esclarecimiento de los asuntos de competencia de las correspondientes autoridades. La ley determinará modalidades especiales para el examen de la contabilidad comercial y de los registros legales obligatorios”

Y por si quedara alguna duda, agrega: “Las pruebas documentales obtenidas en violación a lo prescripto anteriormente carecen de valor en juicio”.

Más claro, imposible. Por supuesto que a ABC y a sus escribas nunca les preocupó lo que reza la Constitución, como lo demostraron con la campaña de violencia que impulsaron llamando a derrocar al gobierno, en ocasión del tratamiento de la enmienda, que se tradujo luego en nada menos que la quema del Congreso.  Y ahora lo demuestran nuevamente al divulgar “pinchazos telefónicos” realizados sin orden judicial -como si fuera algo absolutamente “normal”-, al exigir la destitución del cargo que ocupan los implicados y la cárcel para todos ellos.

Pero, ¿debemos esperar lo mismo de jueces y fiscales?. ¿Cómo se explica que estos desconozcan olímpicamente lo que manda la ley fundamental de la república?. ¿Y qué sigue a esto?. ¿La autorización de detenciones sin orden judicial?. ¿La eliminación de la presunción de inocencia?. ¿O la condena sin juicio previo?.

Cualquier agente del Ministerio Público y, desde luego, cualquier magistrado, sabe perfectamente que tales “pruebas” violan el artículo 36 de la CN y que, por tanto, no tienen valor en un juicio. O sea, Oscar González Daher, Jorge Oviedo Matto, Carmelo Caballero y todos los que vayan sumándose a la lista de “condenados” en base a los fonopinchazos, por más delincuentes que pudieran ser, terminarán siendo eximidos de culpa y pena, después de un juicio muy largo y… del “desplume” de rigor.

La familia Zuccolillo también es conciente de esto, pero le tiene sin cuidado. Como dijimos, el objetivo no es combatir la corrupcción, ni la impunidad. Es poner en el banquillo de los acusados a sus enemigos políticos y provocar su derrota electoral, para recuperar sus perdidos privilegios y marcarle las pautas al gobierno entrante.

Definitivamente, el camino que se está siguiendo en torno al caso que tiene como epicentro al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, no es ni por asomo el que debemos trasitar para castigar a los corruptos de todos los pelajes  y a quienes los encubren desde el Poder Judicial.

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