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Lo que parecía un chiste de mal gusto, se concretó ayer: Una audiencia pública para que los pobladores de la zona Norte del país conozcan el proyecto de ley por el cual se pretende eliminar la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y “puedan ejercer su derecho a opinar sobre un tema que les resulta de vital interés, como corresponde en democracia”, al decir de sus promotores; pero con la peculiaridad que no se realizó en Concepción, donde se encuentran desplegados los efectivos militares y policiales, sino a más de 500 kilómetros de distancia, en la sede de la Cámara de Senadores.
Aunque según el informe de prensa del Senado, “la audiencia se realizó con la concurrencia de representantes del Ministerio de Defensa, Organizaciones sociales y campesinas, representantes de la Sociedad Civil en general y representantes de municipios de Concepción y San Pedro”, lo cierto es que de la “bufonada”, porque no puede denominarse de otra forma, solo participaron legisladores que defienden el insólito proyecto, pertenecientes al Frente Guasu, más algunos aliados de la multibancada y un exponente de la disidencia colorada, así como activistas sociales de Asunción y localidades aledañas vinculados a la izquierda.
El primero en “abrir fuego” a favor de la normativa en cuestión fue el senador Hugo Richer diciendo, palabras más, palabras menos que “El Estado no puede ser terrorista al permitir violación de Derechos Humanos de la gente y debemos evitar las miserables acusaciones y propiciar debates que fortalecen el Estado de derecho y la Democracia”.
De su exposición y de anteriores declaraciones suyas sobre el mismo tema, se desprende que, como supuestamente la FTC estaría violando los DD.HH, el Estado se convertiría en “terrorista” si no las eliminase. Un razonamiento cuanto menos desquiciado, pues suponiendo que entre sus miembros hay elementos que atropellan garantías constitucionales, con ese criterio habría que eliminar igualmente la Policía Nacional, porque en su seno también los hay, además chantajistas, agentes vinculados al narcotráfico y a un largo rosario de actividades delictivas. Lo mismo podríamos decir de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) e incluso de las propias Fuerzas Armadas. O sea, Richer no es serio.
En cuanto a las calificaciones de “miserables” y otras yerbas que hizo respecto a quienes establecieron vínculos políticos entre los proyectistas con el grupo criminal EPP, hay un hecho objetivo que ni él, ni su líder Fernando Lugo, ni ninguno de sus compañeros puede rebatir: La eventual eliminación de la FTC convertiría a la zona Norte en “territorio liberado” para que las mafias de todos los pelajes actúen con total discrecionalidad e impunidad, como lo hacían en el pasado, desde el EPP hasta el narcotráfico, la rama más cruel del crimen organizado. ¿Y qué pasaría con nuestros compatriotas, cuyos derechos supuestamente dice defender? Quedarían sumidos en un estado de espantosa indefensión.
Si la “izquierda” paraguaya fuese seria, si realmente quisiera “propiciar debates que fortalezcan el Estado de derecho y la Democracia”, no haría la fantochada de la víspera, ni propondría lo que propone. Al contrario, impulsaría una discusión al más alto nivel, como se discuten las cuestiones que hacen a la seguridad nacional, con participación legislativa, para realizar una evaluación profunda de la FTC, identificar los problemas y abocarse a la búsqueda de soluciones.
Pero esto sería como pedir “peras al olmo”, porque la “izquierda” paraguaya no es seria y solo busca agitar las aguas, porque “ve” en sus turbulencias la única manera de sacar provecho político.