Jueves , septiembre 20 2018
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La ley se cumple, no se debate

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José Rojas.
José Rojas.

La semana que acabó quedó marcada por varios acontecimientos que atentaron contra el normal desenvolvimiento social de Asunción. Dos de ellos repercuten y dejaron efectos que trascienden a la organización institucional de la República. Uno de ellos arriesga incluso el Estado de Derecho.

Los médicos y los cooperativistas, no todos los médicos y no todos los cooperativistas, antepusieron sus derechos al cumplimiento de la ley. Un caso es más grave que el otro, pero ambos generan especies de castas privilegiadas que están por sobre la ley.

Acá es bueno aclarar que a ambos gremios les asiste de derecho a protestar y reivindicar lo que creer que está bien, pero a ninguno de ellos les asiste el de violentar la ley para proteger sus derechos.

La crisis generada por los cooperativistas que no quieren pagar impuestos hasta se podría resolver en una sola instancia: una ratificación del Congreso restituye el imperio de la Ley. No obstante, deja una huella que podrían seguir otras organizaciones que estimen tener los mismos derechos, y repetirse la historia de cierres de calles con todas sus consecuencias; de la irrespetar el derecho de los terceros, dejándolos sin protección ante la ley; y convertirlos en cómplices en la violación de las normas que reglan el Estado de Derecho.

Nos importó y Pedro Loblein lo demostró con una caradurez única. Creyó que una disculpa mediática serviría para lavar la ofensa a los trabajadores que toda semana arriesgó sus puestos de trabajo por llegadas tardías, causadas por los bloqueos de accesos a la capital.

El otro caso es aún más grave. No solo se manifestaron y arriesgaron el funcionamiento operativo de Tribunales rodeando el edificio, sino “decretaron” que no van a permitir que dos médicas cumplan con sentencias firmes en tres instancias porque a ellos se les ocurre que no se agotaron las instancias de defensa.

Me detengo de nuevo. Las galenos tienen todo el derecho de insistir en su inocencia.

Los textos de derecho dicen más o menos que la ley debe ser cumplida o lo que es lo mismo, el cumplimiento de las normas es obligado sin que los ciudadanos puedan decidir a su albedrío si cumplen o no dichos mandatos.

En caso contrario se dejaría en manos de los ciudadanos la efectividad del ordenamiento y bastaría con no quererse someter a las normas para que éstas no pudieran aplicarse; eso último es sinónimo de caos; atentado a la misma organización de la sociedad. Ley de la selva. Y esto es aún más peligroso. El paso siguiente es la anarquía que rompa el Estado de Derecho.

La Corte Suprema de Justicia se convirtió en cómplice de crear un precedente grave que podría, primero colapsar la administración de justicia, esto es el menor daño; y segundo la interpretación las clara, cualquiera puede estar por sobre la ley.

Si esto hubiese ocurrido en instancias menores, juzgado o apelación; de inmediato actuaba el Jurado de Magistrados por atentar contra el imperio de la ley.

Las profesionales con problemas debieron ingresar a la cárcel del Buen Pastor de Asunción; o a la cárcel de mujeres María Juana de Lara de Ciudad del Este desde ahí insistir en su inocencia buscando que la justicia reabra la causa, pero lo actuado por sus colegas médicos reflejó dos cosas; que existen sectores privilegiados y lo endeble de la administración de justicia.

La soberbia impulsa cometer errores sociales, atrocidades en varios casos que atentan contra el ordenamiento social reglado por la ley. Letras que debemos acatar todos, aun cuando no estemos de acuerdo y los que administran este ordenamiento tienen en sus manos la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos, a menos que estén de acuerdo en la creación de castas privilegiadas surgidas del caos y la anarquía.

 

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