ADN Digital
Hoy se cumplen 8 días de la presencia en la Capital de grupos campesinos y cooperativistas, o mejor, dirigentes de estas instituciones financieras y los funcionarios que trabajan en ellas. Son 8 días de sistemáticos atropellos a los derechos de los ciudadanos que, impiadosamente, son castigados con marchas improvisadas que paralizan el tránsito. Ahora, como si nada, anuncian que extenderán la medida “gremial” -que de gremial no tiene nada y sí mucho de política- a otras ciudades del país, a las que azotarán con la misma pesadilla que vienen sufriendo los que deben transitar por el centro de Asunción. Pero a los manifestantes nada de eso les importa. Exigen una respuesta que ya se les dio. No habrá condonación de deudas, porque eso sería una estafa a quienes terminarían cargando con el fardo, es decir a los contribuyentes, y las cooperativas tendrán que abonar el IVA como lo hacen todas las empresas. Pero insisten en sus reclamos, de la peor forma imaginable: violando la Ley impunemente.
La situación está cambiando de castaño a oscuro. Lo que observamos nada tiene que ver con las usuales demandas sociales que protagonizan con frecuencia diversos sectores y en el gobierno que fuere. Es un plan orquestado por organizaciones que tienen el fin evidente de generar caos e inestabilidad política, las cuales actúan bajo la directriz de grupos y partidos que además las financian, con el Frente Guasu a la cabeza.
Son hacedores de violencia. Políticos patoteros disfrazados de gremialistas, que no tienen la menor idea de lo que significa la convivencia democrática, o bien no les interesa y por eso pisotean con alevosía las normas establecidas y el derecho de los terceros a transitar libremente por todo el territorio. El “plan” es provocar la reacción de la fuerza pública para salir a gritar “represión salvaje” o cosas por el estilo, responsabilizándole del hecho al presidente, por supuesto, y acto seguido pedir su enjuiciamiento político.
El problema es serio y tiende a agravarse. Por un lado, un sector minoritario se lleva por delante las normas vigentes y sus dirigentes lo reconocen sin ruborizarse en lo más mínimo. Por el otro, una gran cantidad de ciudadanos ya hartos de que sus derechos sean constantemente pisoteados en frente mismo de los uniformados, que no intervienen, como tampoco lo hace el Ministerio Público.
Hasta ahora, la inacción policial y de la Fiscalía se podría justificar por el hecho de no caer en el juego de estos maleantes. Hasta ahora. Pero después de estos 8 días de constantes abusos, está sobradamente demostrado que a esta gente no le interesa otra cosa que no sea generar “lío”, cuanto más grande mejor, por más que el principal afectado sea todo aquel que anda en ómnibus, circula en automóvil o hasta en moto, exponiéndose a sus amenazantes garrotes, como divulgó la prensa en los últimos días.
De aquí en adelante, el imperativo es hacer respetar la Constitución y recuperar el microcentro de Asunción para todos los paraguayos, labor que corresponde a la Fiscalía y a las fuerzas del orden. Caso contrario, la bronca que fundadamente hoy se concentra en estos inescrupulosos se dirigirá contra las autoridades nacionales, pues hasta la paciencia tiene un límite, que fue superada por aquellos con creces.