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La política de los hechos consumados y el garrote

ASUNCIÓN.– Esta parece ser la estrategia de los diputados. Adelantarse a la Justicia Electoral, de manera a que cuando ésta tenga que expedirse al respecto, pese sobre sus miembros la amenaza implícita de ser pasible de sanciones, por “prevaricadores” o lo que fuere. Y hasta ahora tienen éxito puesto que, de nuevo quedó en evidencia que los miembros del TSJE no están dispuestos a exponerse a un juicio.

Lo ocurrido ayer con la convocatoria del TSJE a elecciones municipales de Ciudad del Este muestra a las claras la sumisión de los órganos jurisdiccionales a la clase política, de una manera descarada y sin esperanzas de que algo pudiera cambiar.

No hay forma de que los integrantes del máximo tribunal electoral hubieran podido tomar esta decisión si es que no pesara sobre ellos una suerte de “Espada de Damocles”, tal como ocurrió en noviembre pasado, cuando el TSJE convocó a elecciones municipales luego de que renunciara Sandra McLeod, y luego de la furibunda reacción de la mayoría de las bancadas del Congreso, que amenazó con someterles a juicio político por haber cometido prevaricato, recularon en su decisión e hicieron la desconvocatoria de las elecciones.

Era más que obvio que si ahora volvían a hacer lo mismo, las consecuencias también serían las mismas. De hecho, durante la sesión del jueves pasado, varios diputados amenazaron más que veladamente a la Justicia Electoral, y ayer lo volvió a hacer Kattya González, en una entrevista radial, asegurando que el TSJE debe “obedecer” la decisión de Diputados, como si el órgano jurisdiccional dependiera organizativamente del Poder Legislativo, y no fuera una institución independiente.

Aunque se pueda señalar con el dedo a los miembros del TSJE por esta “entrega” de sus atribuciones, lo cierto es que no son más que una muestra de algo que se viene denunciando desde hace tiempo, la grave sumisión de la Justicia a los devaneos de una clase política que cambia de mayoría y de parecer a cada rato.

La injerencia política es un mal de siglos, pero se ha acrecentado en los últimos años, debido, más que nada, a la prepotencia y caradurez de los legisladores, que no tienen ningún empacho en amenazar con suspensiones, expulsiones y juicios políticos a los magistrados que se atreven a mantenerse firmes en sus decisiones y se resisten a la presión de las autoridades de turno.

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