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ASUNCIÓN.- Los funcionarios y agentes fiscales aguardan hasta el lunes una respuesta de Hacienda. Aspiran llegar a aumentos entre el 10% y 18%, destacan los técnicos de la secretaría de Estado, sin embargo los cálculos llevan a un riesgo de violar la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).
El proyecto de Ley que fue cuestionado por el Ejecutivo establecen aumentos salariales (y el correspondiente aporte patronal a IPS) y creaciones de cargo para el Ministerio Público, a partir de noviembre de este año, por G. 18.041.016.773 con fuente de financiamiento 10 Recursos del Tesoro. “No se incluyen aumentos de rubros relacionados a la compra de insumos o alquileres, ni de otro tipo de gastos relacionados al funcionamiento de la Fiscalía”, explica Benigno López, ministro de Hacienda.
Este proyecto tiene fuerte apoyo por los gremios de funcionarios y de los agentes fiscales. También es impulsada por la misma fiscal general del Estado, doctora Sandra Quiñonez, aunque no lo manifiesta abiertamente. Su silencio es interpretado de esta manera en los pasillos del Ministerio Público.
El documento vetado, objeto de la huelga de 30 días, destaca que “si entraba en vigencia la normativa, el cargo de fiscal general del Estado iba a experimentar un aumento en sus ingresos mensuales del 10%; mientras que un asistente fiscal tendría un 18% de incremento en sus haberes. Si entraba en vigencia, la fiscala general iba a cobrar G. 39.821.060; mientras que un agente fiscal recibiría G. 20.324.100, y estos valores desbordan lo que estipula el tope fiscal”, apunta López.
Las conversaciones son intensas estos dos días, hoy continúa, debido a que queda un día de plazo marcado por Diputados que tiene previsto tratar el veto el miércoles próximo. Según López, “el lunes o martes tendremos algunas alternativas, para presentar en respuesta al pedido de aumento presupuestario de US$ 3 millones (G. 18.000 millones aproximadamente). Para el Fisco, el costo adicional de esta ley en gastos rígidos, para el próximo y los siguientes años, es de por lo menos G. 113.352.048.783 anuales
Las conversaciones se llevan a cabo con dirigentes gremiales, la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, con el vicepresidente Hugo Velázquez, y con representantes del Congreso “y buscar varios escenarios de posibles puntos de acuerdo”, apuntó López.
Los Fiscales y funcionarios continúan movilizados; en asamblea determinaron seguir la medida de fuerza hasta el 7 de diciembre.
