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ASUNCIÓN.- La Procuraduría General de la República recibió una propuesta de conciliación por parte de Nancy Godoy, más conocida como la “reina de las provisiones”, acusada de un perjuicio de G. 3.000 millones al Estado por sobrefacturaciones en la licitación de alimentos para la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA).
La conciliación que busca es en base a la “reparación” del daño patrimonial que causó, entregando dinero e inmuebles.
El procurador general de la República, Sergio Coscia, manifestó que ahora que ya está definida una fecha para el juicio oral y público, y será el próximo 12 de noviembre a las 08:30, llegó a la Procuraduría la propuesta de conciliación.
Sin embargo, Coscia dejó entrever que la cuestión no es sencilla, ya que existe una defraudación de aproximadamente G. 3.000 millones, perjuicio que debe resolverse en el juicio oral contra Nancy Godoy y contra el entonces ministro de la Secretaría de la Niñez (SNNA), José Orué Rolandi, que tiene fecha, después de numerosas chicanas.
También, explicó el procurador que han consultado al Ministerio Público si el ofrecimiento de reparación cubre realmente el perjuicio. “Para nosotros, es importante recuperar los bienes patrimoniales. Nosotros estamos interesados en la parte patrimonial, no en la parte penal”, enfatizó el procurador, quien añadió que, si es que realmente el ofrecimiento repara el daño, “deberíamos aceptar”.
Posteriormente, expresó que, si es que el dinero ofertado no se acerca a la reparación, “definitivamente no vamos a aceptar”.
Hay que recordar que la “reina de las provisiones”, Nancy Godoy, ofrece dos inmuebles que pueden ser destinados a obras sociales del Ministerio de la Niñez. Ella tiene una demanda en contra del Estado por G. 2.900 millones. “Si faltó algo, vamos a perseguir los bienes”, recalcó Coscia.
ANTECEDENTES
El Tribunal de Sentencia, presidido por Laura Ocampo, dispuso la fecha de juicio para el próximo 12 de noviembre, luego de que la acusada hiciera una propuesta de acuerdo con la SNNA. La acusada de generar al Estado un perjuicio de más de G. 3.600 millones, planteó “reparar” el daño, mediante la entrega de dos inmuebles, valuados en G. 500 millones en total. Ante la oposición del fiscal Rodrigo Estigarribia, Godoy mejoró su oferta y agregó una propiedad más, la ubicada en el Chaco, cuyo valor superaría los G. 3.000 millones, según la acusada. A su vez, Orué se presentó en juicio sin abogado defensor, razón por la cual, el Tribunal le asignó uno público, responsabilidad que recayó en Ronald González.
