jueves , abril 9 2020
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Las cosas como son

Cuesta plantear cuestionamientos a lo ocurrido recientemente en el Senado porque no es lo políticamente correcto; sin embargo, es fundamental realizar un análisis serio de un fenómeno bastante peligroso que está ocurriendo en este momento en el Congreso y que podría definir una nueva forma de dictadura, en donde solo basta tener los votos requeridos para eliminar del camino a alguien que no comulga con la creencia y los postulados de la mayoría.

Lo más grave de todo es que no hay nada inconstitucional en lo que hicieron los senadores y aquí es en donde debiéramos preguntarnos por qué los constituyentes le dieron tan poca importancia a la pérdida de investidura de un legislador, a tal punto de no prever ninguna garantía que pudiera proteger al senador o diputado que se siente en el banquillo de los acusados y fuera juzgado por sus pares.

Si consideramos que los representantes de los otros poderes del Estado, Ejecutivo y Judicial, están protegidos por reaseguros como la mayoría calificada del Senado, para ser destituidos, y para los legisladores no hay ninguna especificación, por lo que, algunos interpretan que solo basta una mayoría simple, o en el mejor de los casos, una absoluta, solo nos queda pensar que los convencionales consideraban casi imposible que llegara el momento de que un parlamentario pudiera ser destituido por sus colegas.

Todo el planteamiento está mal.  Según el experto en asuntos políticos Marcello Lachi, ninguna mayoría de legisladores puede destituir a un legislador, porque entonces la pérdida de investidura se convierte en una herramienta con la que la mayoría puede “barrer” a la minoría, lo que constituiría el final del sistema democrático.

Nadie quiere que las cámaras del Congreso continúen siendo el refugio de delincuentes, que obtienen bancas para ganar impunidad y escapar de la Justicia. Pero más peligroso que la inacción es el abuso de poder. Y es precisamente eso lo que ha empezado a ocurrir en el Senado, en donde no se mide con la misma vara a los integrantes de la cámara, puesto que algunos son mucho más duramente juzgados que los demás, solamente porque pertenecen a sectores políticos diferentes.

La pérdida de investidura, de ninguna manera, puede ser utilizada como garrote para perseguir a los adversarios. Pero es exactamente así como la usan en el Senado, en donde ninguno de los dos que fueron destituidos por esta vía pertenece a alguno de los sectores que ahora tienen mayoría. Es más, si no fuera por temor a considerarnos muy paranoicos, hasta podríamos ver una intención solapada de perseguir a los sectores que hace dos años apoyaron la enmienda, pero claro, para eso también deberían empezar a caer los representantes de Frente Guasu, que hasta ahora permanecen bastante bien ubicados al lado de la mayoría.

Hay varios con cuentas pendientes con la Justicia en las cámaras del Congreso y su expulsión sería de lo más conveniente para la credibilidad del Legislativo. Pero lo mínimo que debería esperarse es que hubiera una sentencia firme y ejecutoriada para dejarlo fuera. Porque, definitivamente, las cámaras del Congreso no pueden arrogarse funciones jurisdiccionales que no les competen, para juzgar a sus propios miembros.

Hay que frenar esta escalada de irracionalidad antes de que esta caza de brujas termine con la minoría eliminada del Parlamento.

 

 

 

 

 

 

 

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