Domingo , septiembre 23 2018
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Las distintas caras de la justicia

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 ASUNCIÓN.-  La justicia en nuestro país tiene distintas caras y mira al acusado de acuerdo a su posición social y no según lo estipulado en las leyes. Mientras los grandes “maguruyuses” roban millones al pueblo para llevar una vida de “Reyes” y pagando se salvan de la cárcel, los que lo hacen para comer, son castigados con todo el peso de las leyes. Con esto no estamos defendiendo los robos ni mucho menos a los ladrones, sino solamente poner en la balanza de la Diosa Astrea, que todos tienen que ser medidos con la misma vara.

Hoy un joven de Villarrica, acusado de robar 32 gallinas, deberá afrontar un juicio oral y público. El caso es considerado bagatelario por algunos, pero una de las víctimas es una vendedora de huevos que exige justicia debido a que el hombre le quitó el sustento de su familia.

A pesar de que se trata del hurto de aves de corral que no tienen mucho valor monetario, el enjuiciamiento demandará que se movilice todo el aparato judicial. Alcides Espínola,  fiscal que actualmente lleva el caso,explicó que para evitar el juicio oral y público el acusado debía aceptar la responsabilidad del hecho y así ser beneficiado con salidas procesales que contemplan sanciones mínimas.

También existen otras opciones, como los acuerdos reparatorios entre víctima y victimario y que extinguen las acciones penales. Pero como las partes no llegaron a ningún acuerdo y el sospechoso no se declaró culpable, la causa tuvo que elevarse a la etapa de juicio oral, indicó el agente fiscal.

El acusado es Jorge Benítez Almada (22), alias Piru, sospechoso de hurtar 32 gallinas de la casa de la señora Juana González. El hecho ocurrió en la noche del 22 de febrero del 2014 en el barrio San Miguel de la capital del Guairá. Algunas de las aves también pertenecían a su vecina Nidia Fariña.

Mientras tanto, el exintendente de Lambaré Roberto Cárdenas, quien soporta dos procesos penales por lesión de confianza por millonarios desvíos de dinero, el pasado 8 de abril se salvó de ir a la cárcel al presentar una fianza millonaria hasta cubrir G. 1.800 millones, que fue aceptada por el juez Isidoro Olazar Pozza, pese a que la fiscala Blanca Agüero (recusada) solicitó la prisión preventiva.

Cárdenas está imputado por lesión de confianza en dos casos diferentes: uno por el derrumbe del techo de un aula del Colegio Nacional de Lambaré en octubre de 2015, y el otro por la transferencia irregular de cuentas de la comuna, por valor de G 8.725.531.924, a pocos días de las elecciones municipales del 2015, cuyo destino se desconoce.

Igualmente, el pasado 10 de abril la audiencia preliminar en la cual se debe decidir si el senador colorado Víctor Bogado enfrentará o no juicio oral, por el caso de su “niñera de oro” Gabriela Quintana, fue nuevamente suspendida.

Dos años y medio pasaron y mediante diversas estrategias (chicanas) el legislador logró dilatar el proceso. Hoy nuevamente logró la suspensión de la audiencia preliminar en la que se debe decidir si enfrentará o no juicio oral por el caso de la “niñera de oro” Gabriela Quintana.

El político, según la acusación fiscal, siendo presidente de Diputados, intercedió para nombrar a Gabriela Quintana (la niñera de oro) en la cámara y luego solicitó su comisionamiento a la Itaipú.

Quintana fue procesada por estafa y cobro indebido de honorarios porque percibía doble salario del Estado, hecho prohibido por la ley. Tenía ingresos como funcionaria de la Cámara de Diputados y de la entidad Binacional. También el legislador y su exjefe de gabinete Miguel Pérez están procesados en esta causa.

Asimismo se registra el caso del diputado Ibáñez quien está procesado junto con su esposa Lorena Plabst por estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicio de contenido falso y cobro indebido de honorarios. Se cumplirán dos años que se intenta realizar la audiencia preliminar. Sin embargo, Ibáñez y los procesados vienen planteando chicanas tras chicanas para suspender las audiencias.

Lograron suspender la preliminar en cinco ocasiones, sin que la Corte, la Cámara de Apelaciones, ni los jueces de primera instancia apliquen sanciones disciplinarias por el abuso del derecho en que incurren los litigantes, que bien pueden ser calificados de mala fe.

Ibañez y su esposa están procesados junto a los caseros de su residencia de campo en Areguá, porque la pareja hacía figurar a sus empleados como funcionarios de la Cámara de Diputados. Para peor, el legislador y su pareja se quedaban con casi la totalidad del salario de sus tres caseros.

La Corte no sanciona a los políticos procesados por corrupción ni a sus abogados que con chicanas logran suspender y dilatar el proceso, en busca de la impunidad. El diputado José María Ibáñez, procesado por el fraude de los “caseros”;  el senador Víctor Bogado, en el caso de la “niñera de oro” y el ex intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, son apenas muestras de la complacencia judicial con políticos.

Aunque existen normativas disciplinarias, son letras muertas.  La Corte por Acordada Nº 961/15 ordena a los jueces y miembros de los tribunales, en su Art. 4º, que sancionen al abogado litigante de mala fe o que ha ejercido abusivamente el derecho, so pena de incurrir en una falta grave. El Art. 112 del Código Procesal Penal prevé sanciones de hasta 100 días multa. La casación de la matrícula está contemplada.

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