ADN Digital
Cualquiera que maneje mínimamente conceptos políticos sabe que el sistema republicano se basa, entre otras cosas, en el gobierno de la mayoría, con inclusión de la minoría. Es importante destacar que es entre otras cosas, porque no es la única condición para que una decisión asumida tenga legalidad y se enmarque dentro de la institucionalidad y el Estado de Derecho.
En una elección de cualquier naturaleza, cuando los contendientes tengan igualdad de oportunidades, gana quien obtenga la mayoría; pero si la obtuvo con trampa, su victoria no sirve, es anulada. Porque no solamente importa la cantidad de votos sino que estos hayan sido obtenidos en base a normas específicas, claras y transparentes. Si la mayoría que maneja el Senado se atuviera a lo que dicen la Constitución y las leyes, absolutamente nadie se atrevería a cuestionar sus decisiones.
Algunos piensan que si eso fuera cierto, la mayoría tendría que admitir ser derrotada a pesar de tener los números para alzarse con la victoria, y eso es utópico. Pero, en realidad, no es así. Hay cosas que, si se hacen bien y obedeciendo las disposiciones vigentes, no tendrían por qué ser sometidos a votación, ya que esas mismas disposiciones establecen el procedimiento a seguir.
No todo debiera ser opinable en el país. Si bien es cierto que la ambigüedad es algo que se encuentra con mucha frecuencia en el marco legal paraguayo, especialmente en la Constitución Nacional, no siempre ocurre esto, y hay normas que son lo suficientemente claras para ser aplicadas directamente, sin vueltas y sin tramoyas.
Y es en estos casos, cuando la claridad legal no beneficia los intereses de la mayoría y esta, igual se impone, cuando los principios republicanos son violados alevosamente. Es exactamente esto lo que ocurrió tanto en el caso de las bancas de Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, que están, a casi 3 meses del juramento del nuevo Senado, usurpadas por personajes que no fueron electos ni proclamados. Y es lo que ocurrió el jueves, cuando una mayoría opositora consiguió que la banca que le correspondía al suplente colorado quedara en manos de un liberal.
El manejo fue tan chapucero que, incluso, se negaron a aceptar la renuncia de Jorge Oviedo Matto, que iba de salida, durante más de 10 días, porque no tenían aún los 23 votos con los que iban a garantizar la banca para el liberal. Pero ni bien los consiguieron, en base a vaya a saber qué componenda, hicieron un tratamiento sumario y rapidísimo al documento de renuncia que parecía ya guardar el sueño de los justos.
Y se salieron con la suya. De nada sirvieron dictámenes de expertos ni siquiera los argumentos esgrimidos por representantes de la bancada colorada, por más sustento jurídico que pudieran tener. La suerte estaba echada y la decisión tomada. El PLRA ganó una banca que no le correspondía, y la ANR perdió a pesar de que sí le correspondía. Así nomás, sin vueltas y sin ningún respeto a las normas vigentes. Si esta es la forma como van a funcionar estas aplanadoras, sin respeto alguno a la Constitución y las leyes, es negro el panorama que le espera a la institucionalidad de la República.