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No hay ninguna necesidad de que el Congreso autorice, vía ley, la emisión de bonos soberanos ya que el Presupuesto del año pasado, vigente en este momento, ya fue aprobado, según el economista y exministro de Hacienda Manuel Ferreira, quien aseguró que los disidentes y opositores se equivocan al utilizar este mecanismo para evitar dicha emisión.
ASUNCIÓN.- Cada vez resulta más obvio que la decisión del grupete de declarar ilegal la emisión de bonos prevista para el mes próximo es nada más que la intención de boicotear al país, desacreditándonos ante los organismos internacionales que tienen muy buena opinión sobre nosotros.
Son varios los analistas económicos y constitucionalistas que han coincidido con que es absurda la pretensión de disidentes y opositores, puesto que no tiene ninguna fuerza, ni jurídica ni política, ya que no es un grupete el que decidirá si una cuestión es o no ilegal.
Ferreira coincidió con lo que ya habían dicho otros expertos, de que al estar vigente la Ley de Presupuesto del año pasado, los bonos ya fueron aprobados por el Congreso, por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que pudieran ser declarados ilegales.
Dijo que “legalmente está autorizado el uso de bonos y creo que se equivocan los disidentes y opositores al pensar lo contrario”. En la conferencia de prensa del jueves pasado, tanto el liberal Miguel Abdón Saguier como el disidente Silvio Ovelar advirtieron que la denuncia era en el ámbito nacional e internacional y que si el Ejecutivo osaba emitir estos bonos, el mundo sabría que eran ilegales.
Ferreira y otros economistas destacan que el hecho de que este año no tengamos vigente el Presupuesto es un hecho sin precedentes ya que en diciembre pasado, el Ejecutivo tuvo que vetar el aprobado por el Congreso ante la imposibilidad de ponerlo en práctica.
La Constitución Nacional prevé esta situación y dispone que si se inicia un año sin presupuesto aprobado, seguirá vigente el del año anterior. Esto significa que el Presupuesto del 2016 es el que sigue vigente este año y allí se contempla la emisión de bonos soberanos por unos 650 millones de dólares, que el gobierno utilizará a partir de marzo.
El exministro de Hacienda recomendó al Ejecutivo que negocie acuerdos con disidentes y opositores puesto que el problema principal en relación a los bonos es político y no jurídico.
“PERJUDICAN A LA POBLACIÓN”
Juan Carlos Baruja, ministro de Agricultura y Ganadería, lamentó la postura de disidentes y opositores que advirtieron al gobierno que la emisión de bonos soberanos sería ilegal y consideró que es una cuestión política que traba el desarrollo del país.
El secretario de Estado dijo que “es lamentable que se lleven las cuestiones personales al extremo. Con la decisión no le están perjudicando al presidente Cartes sino a la población paraguaya, trabando los recursos que podrían servir para infraestructura y asistencia a productores”.
El campo es uno de los sectores que podrían verse afectados si es que algún organismo nacional o internacional toma en serio la amenaza del grupete, puesto que hay muchos proyectos que poner en marcha para los que se requiere el dinero que se obtienen a través de la emisión de los bonos soberanos. Así que Baruja sabe muy bien de lo que habla cuando dice que es lamentable que una cuestión política tenga la intención de perjudicar a la población.
“HAY QUE ANALIZAR ESTO”
En general, los diputados se mostraron bastante prudentes a la hora de opinar sobre lo hecho por disidentes y opositores, que amenazaron al gobierno con todo tipo de acciones si decide emitir bonos soberanos. Esto podría deberse a que están analizando los hechos para tomar alguna contraofensiva, puesto que este grupo de 18 senadores pretendió asumir la autoridad de las dos cámaras del Congreso.
El diputado oficialista Mario Cáceres, presidente de la Comisión de Presupuesto, se mostró sorprendido por el hecho aunque dijo que lo analizará antes de emitir una opinión. Sin embargo, sin mucho análisis, dijo que de acuerdo a lo que dispone la Constitución, el Ejecutivo no tendría ningún problema en emitir los bonos, puesto que figuran en la Ley de Presupuesto del año pasado, que sigue vigente.
Lo que ocurre es que no hay precedentes de este caso, ya que por primera vez en la historia democrática del país terminó un año sin que pudiera entrar en vigencia la Ley de Presupuesto de la Nación del año siguiente, así que los legisladores decidieron analizar todos los hechos para no meter la pata, como sí hicieron disidentes y opositores al lanzar su atrevida advertencia al Ejecutivo.
