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ASUNCIÓN.- La modificación integral de la Ley Nº 1.340/88, “Que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes, drogas peligrosas y otros delitos afines; y establece medidas de prevención y recuperación de farmacodependientes”, fue tema de análisis en la mesa interinstitucional.
La mesa está integrada por representantes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Dirección de Vigilancia Sanitaria); la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD); el Ministerio Público y el Poder Judicial.
En la oportunidad trabajaron en dos artículos muy importantes, el 51 y 52 de la Ley 1.340, que son disposiciones que regulan el ámbito procedimental de los allanamientos y el procedimiento de incautación y destrucción de las evidencias en el momento de su incautación.
Explicaron que en la actualidad se hacen incautaciones importantes de droga y que esa cantidad confiscada se deriva a los depósitos de la Policía Nacional o del Ministerio Público, siendo llevada a cabo la destrucción meses después.
“En ese periodo de incautación y destrucción, muchas veces, las drogas se vuelven a vender y entran en el circuito comercial del tráfico; entonces, para evitar ese tipo de situaciones, vamos a establecer un plazo perentorio dentro de las 72 horas, para que en todos los casos se proceda a la destrucción, y la cláusula de blindaje, que le vamos a dar a la garantía de los imputados y que se tomen muestras suficientes de esa droga incautada, porque el principio fundamental es que una muestra responde al universo, entonces, si tenemos mil kilos de marihuana, se toma una cantidad suficiente de muestra que se agrega a la carpeta fiscal y judicial. Eso, el día de mañana, será sometido a una prueba química laboratorial; no obstante, en el momento mismo de la incautación, ya se debe realizar el análisis preliminar de campo por el sistema narco test”, argumentó titular de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico de la Cámara de Diputados.
