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Aunque parecía algo probable, sorprendió el anuncio hecho por el presidente del Senado, Silvio Ovelar, de que no había (ni habría) votos para el juramento de Nicanor Duarte Frutos, lo que nos lleva a concluir que tampoco los habrá para el momento en el que Horacio Cartes entregue la Presidencia de la República y esté en condiciones de reclamar su banca, legalmente obtenida.
Y sorprendió por algo muy claro, al tirar la toalla y asumir que fracasaron las negociaciones, Ovelar también estaba asumiendo que desde ahora y por los próximos 5 años, el Senado estaría compuesto por 43 integrantes legítimos y 2 truchos, lo cual puede resultar gravísimo para la imagen del Legislativo, puesto que cualquiera podría atacar de ilegales las decisiones que se tomen en este tiempo, si cuentan con el voto o la simple presencia de Rodolfo Friedmann y Mirta Gusinky, quienes no son senadores porque, a pesar de haber sido candidatos en la lista de la ANR, el electorado no los votó por lo que, tampoco, fueron proclamados por la Justicia Electoral.
Esto es gravísimo. Aquí ya ni siquiera está en discusión la constitucionalidad de las bancas de Cartes y Duarte Frutos, porque la Corte dijo que lo eran; tampoco estamos discutiendo que Fernando Lugo haya decidido ignorar el fallo judicial y la resolución del TSJE y se hubiera arrogado atribuciones que no tenía. Lo que aquí estamos diciendo es que en el Senado, formando parte del pleno y haciendo quórum, hay 2 personas que no son senadores. Así de sencillo, y así de terrible.
Lo peor es que la indiferencia de Lugo, el resto de la oposición y los añetete, hacia la legalidad es tan alevosa que, pudiendo evitar esta absurda situación, no lo hicieron. Estaban tan seguros de que no habría mayoría para volver las cosas a su senda normal y legal, que, como sabían que iban a salirse con la suya, ni siquiera se molestaron en maquillar la legalidad del juramento de Friedmann y Gusinky, pidiendo, por lo menos, al TSJE que los proclame antes de que ocurriera.
Pero no se hizo. No se hizo nada bien. Lugo demostró una prepotencia que no se le había visto ni siquiera cuando estaba sentado en el sillón de López. No pidió consejo ni la opinión de nadie; mucho menos expuso el tema ante el plenario como había anunciado que haría. A pocas horas de dejar la Presidencia del Legislativo, sintió que tenía un poder absoluto para cambiar sentencias judiciales e ignorando amparos.
Lo único tragicómico de esta historia es que, finalmente, ABC tenía razón con que se estaba por concretar un golpe de Estado “de baja intensidad”, es decir, institucional, y no con tanques y balas como los que financiaba su director. Ayer, en el momento en el que Beto Ovelar agachó la cabeza y se rindió ante la absurda realidad que le obliga a tener integrantes truchos en su plenario, se concretó un feo golpe de Estado a la institucionalidad de la República y a la credibilidad del Legislativo.
Aquí, hay que dejar las cosas bien en claro, los que perdieron no son Cartes y Duarte Frutos. El verdadero derrotado es el país, que, otra vez, tiene que bancarse que la Constitución y las leyes sean utilizadas como se le antoja a un grupo irresponsable que desde hace demasiado tiempo está cometiendo atropellos que, a esta altura, ya resultan insostenibles.