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ASUNCIÓN.- El caso que generó todo este proceso del juicio político al contralor Enrique García tiene que ver con la suma millonaria que la Municipalidad de Asunción fue condenada a pagar a la empresa Ivesur, hecho que ocurrió cuando el ahora acusado era asesor jurídico del gobierno de Mario Ferreiro.
En principio se decía que su pecado fue de omisión, por no haber apelado la sentencia; sin embargo, posteriormente se arrimaron evidencias de que habría falsificado documentos que, supuestamente, justifican su supuesta apelación, la cual, de hecho, no ocurrió.
Por eso, el fiscal Leonardi Guerrero lo imputó por producción de documentos no auténticos, y es la causa principal del libelo acusatorio aprobado ayer en Diputados. Otros temas que contempla el documento tienen que ver con la concesión indebida de privilegios, tráfico de influencias y contratación irregular de la Consultora CAE, por 108 millones de guaraníes, para la elaboración de un manual de funciones de la Contraloría, el cual no existe en la institución.
Se incluyó en el libelo acusatorio la asignación de viáticos millonarios, para él y la funcionaria Lizza Benavente, que viajaron a Madrid por 4 días y que cobraron 17 y 21 millones de guaraníes respectivamente.
