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Los tres Mosqueteros

Es muy probable que, como dice el senador colorado Antonio Barrios, el fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por el cual fueron liberados los campesinos del “Caso Curuguaty”, haya sido la consecuencia de un acuerdo político entre el “abdismo” y el “luguismo”, a cambio de que éste último confirme, en el Senado, el nombramiento de Nicanor Duarte Frutos como director de Yacyretá. Se trata de un tema que le ocasiona no pocos dolores de cabeza al presidente electo, del cual trata de librarse lo antes posible, por el costo político que le representa. Sin embargo, sería un tanto ingenuo pensar que la “transa” se limita a eso. Después de todo, Mario Abdo puede influir en los camaristas que integraron la máxima instancia judicial, pero no al extremo de hacerles dictar una sentencia tan controvertida, salvo que les haya hecho una oferta que no pudieran rechazar, al decir de “Don Corleone”, el personaje interpretado por Marlon Brando en “El Padrino”.

Si se analizan las posibles consecuencias que enfrentan los magistrados que dictaron la polémica sentencia, Emiliano Rolón, Cristóbal Sánchez y Arnaldo Martínez Prieto, concluirá rápidamente que, o son una la versión moderna de “los tres mosqueteros” y del juez Sergio Moro elevado al cubo, o que ya negociaron con el poder político no solo las garantías de que no habrán sanciones en su contra, sino algo mucho más preciado, “el premio mayor” en la carrera judicial, que es formar parte del selecto grupo de los 9 ministros que componen el máximo tribunal de la República.

En lo que a nosotros respecta, nos inclinamos decididamente por la segunda de las alternativas, la cual encaja a la perfección con la forma de proceder de los principales referentes de nuestra fauna político-judicial, entre los que hoy por hoy no se divisa ningún “mosquetero”, ni juez dispuesto a perderlo todo a cambio de hacer justicia.

Lo que sí puede observarse es que existen dos vacancias en la Corte Suprema, tras la renuncia de Alicia Pucheta y la jubilación de Miguel Bajac, a la que en diciembre próximo se sumará la de Sindulfo Blanco. Es decir, tres en total. Y junto con eso, que Rolón, Sánchez y Martínez integran la lista de los 52 magistrados que aspiran a convertirse en ministros de la Corte.

Pero sigamos. El proceso de selección arranca con la integración de las ternas de candidatos en el Consejo de la Magistratura, un organismo altamente politizado. Una vez escogidas, en lo inmediato serán dos, se ponen a consideración del presidente de la República, que entonces será Mario Abdo Benítez, quien, tras elegir a sus candidatos, en actos separados, remitirá al Senado para que apruebe o rechace lo dispuesto por el mandatario.

Llegado a este punto, se entiende la “movida” del “abdismo” con relación al reciente fallo en el caso “Curuguaty”. Por un lado, negoció con el “luguismo” la liberación de sus activistas, a cambio de lo señalado por el senador Barrios, es decir, el acuerdo para Nicanor, más… el respaldo para sus candidatos a la Corte. Y a los camaristas, la certeza de que no serán objeto de castigos, sino de “promociones”, restando saber cuál de ellos tiene el aval de los liberales, (¿Martínez Prieto?) que reclaman para sí la vacancia dejada por Bajac.

En elación a esto, el nombramiento de Nicanor es necesario para que deje de molestar con el tema de su banca, pero en el fondo es secundario.

Atrás quedaron los espurios argumentos relativos a que los expresidentes “serán” -solo- senadores vitalicios. Eso ya no importa. Lo único que cuenta es la mayoría que detentan en las cámaras del Congreso, para sacar y meter senadores, torcer los fallos judiciales e ir “moldeando” la Corte a su imagen y semejanza, aunque para ello necesiten seguir haciendo trizas el Estado de Derecho.

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