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ASUNCIÓN.- Los fiscales que tienen a su cargo la investigación en contra de Fernando Lugo por su actuación mientras era presidente del Senado, al convocar a jurar a personas que no fueron electas ni proclamadas, deben imputarlo y elevar la causa al juez que corresponda, para que éste lo procese, ya que sus actos atacaron directamente al Estado de Derecho.
Ya pasó un mes desde que la primera denuncia contra Lugo fuera presentada. Cuando, en su carácter de presidente del Senado, decidió no convocar a los senadores electos y proclamados Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, un grupo de legisladores de Honor Colorado presentó una denuncia penal en su contra, por usurpación de funciones públicas y desacato.
A esta primera denuncia se sumaron después las de Cartes y Duarte Frutos, por los mismos delitos, que tienen una expectativa de pena de entre 3 y 10 años de prisión. Le llevó varios días a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, designar a los responsables de la investigación, y finalmente se decidió por el adjunto Édgar Moreno y el agente Rodrigo Estigarribia, a quienes se sumó Sonia Mora por estar de turno, puesto que el Código Penal establece que cuando el delito es desacato, la investigación recaerá en la Fiscalía de turno.
Hasta ahora, pareciera que los fiscales no tienen demasiada prisa en llegar a conclusiones en el caso; hasta ahora, pidieron y consiguieron informes al Senado, sobre los senadores que juraron, y a la Justicia Electoral, sobre la lista de los senadores proclamados. Por supuesto, ambas listas no coinciden porque hay 43 senadores que fueron proclamados y juraron, y otros 2 que juraron sin haber cumplido con ese requisito.
Ahora dicen que pedirán informe a la Corte, por el caso de desacato, puesto que Lugo, abiertamente, desobedeció una sentencia del colegiado que establecía que ni Cartes ni Duarte Frutos tenían ningún impedimento para postularse y ser elegidos senadores activos.
Una vez que tengan todas las evidencias en su mano, los fiscales deberán imputar a Lugo y elevar el caso ante el juez de la causa, quien deberá procesarlo porque con su desequilibrada actuación puso en jaque al Estado de Derecho. Será una gran lección para mesiánicos que pretendan de nuevo jugar con las instituciones de la República.
