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Manoseo de un recurso constitucional

La forma como en el Parlamento y en general en el ámbito político se utiliza la figura del juicio político ha hecho que este recurso constitucional, que debería garantizar a la ciudadanía que quienes ocupan altos cargos serán castigados si no cumplen correctamente con su labor, se haya convertido en una mascarada que solo sirve para amedrentar a quienes molestan a los legisladores, o para proteger a esos que sirven a su conveniencia.

En 3 años de mandato, los únicos juicios políticos que se hicieron correctamente fueron los que afectaron al entonces contralor general de la República, Óscar Velázquez, y a la subcontralora, Nancy Torreblanca. El procedimiento fue correcto, no hubo pérdidas de tiempo y si no hubo condena y separación del cargo fue simplemente porque ambos prefirieron renunciar antes de que se diera a conocer la sentencia.

A partir de allí, todo fue show. A fines del 2014, la Cámara de Diputados consiguió la mayoría necesaria para formular la acusación en contra de 3 ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco, Óscar Bajac y César Garay Zuccolillo. Con esto debía iniciarse la anunciada reforma judicial. Pero luego de casi un año y medio, recién en abril de este año la Cámara Alta decidió iniciar el juzgamiento de uno de ellos, Blanco, pretendiendo que los juicios se hicieran por separado, con lo cual se dilatarían hasta el infinito.

Antes de tomar esta decisión, varios legisladores fueron denunciados por utilizar el juicio político como una medida de presión y chantaje a los ministros, a fin de conseguir ventajas personales en los procesos que tienen en la Justicia Ordinaria. Recién luego de esta denuncia y pretendiendo taparla, iniciaron el proceso a Blanco. Pero como era de esperar, no pasó nada. La disidencia colorada y la izquierda no quieren enjuiciar a ninguno de los 3 ministros porque ellos o algún familiar tienen casos pendientes en el Poder Judicial y les conviene tener a los magistrados de su lado.

Para ensuciar más la cancha, mientras se oponían al enjuiciamiento de estos 3, sectores de la oposición pedían el juzgamiento de otros 2 ministros, mostrando una incoherencia vergonzosa y vergonzante.

Hasta hoy no hay sentencia en el caso Blanco y no se avizora en el panorama a mediano plazo que pudiera haber algún avance.

A partir de allí, fueron varios los funcionarios amenazados con juicio político. Mucho se habló de que iban a juzgar a los 3 miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral –algo absolutamente necesario y urgente- sin que ningún parlamentario se haya animado a presentar oficialmente el pedido, hasta ahora.

También fueron amenazados el fiscal general del Estado y varios ministros, uno de los cuales, el del Interior, es ahora la nueva víctima del chaque. Ayer nomás, en la Cámara de Diputados, un sector de la oposición presentó el pedido de juicio político a Francisco de Vargas, a quien se responsabiliza por el asesinato de 8 militares de la Fuerza de Tarea Conjunta, ocurrido hace 2 semanas. Dicen que el combate al EPP es un fracaso, y culpan de ello al secretario de Estado.

No queda claro que es lo que pretenden conseguir los opositores con este pedido, puesto que resulta evidente que no tendrán la mayoría necesaria ni siquiera para iniciar el proceso con la aprobación del libelo acusatorio en la Cámara respectiva. Por lo tanto, otra vez el juicio político no servirá para nada más que para amenazar y pretender amedrentar a funcionarios del Gobierno cuando a algún legislador le molesta su actuación.

Es indignante que una figura constitucional que debiera servir para castigar a quienes no cumplen con sus funciones y evitar que se resguarden en la impunidad, sea manoseada de esta manera. El juicio político ha dejado de ser un recurso válido para la República y se ha convertido en un chiste y motivo de burla por culpa, otra vez, de la irresponsabilidad de los legisladores.

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