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ASUNCIÓN.- Para la aprobación de la ley que busca otorgar 51 millones de guaraníes a campesinos morosos, en ambas cámaras pesó el voto de los colorados disidentes, encabezados por el senador Mario Abdo Benítez; de los liberales efrainistas (Efraín Alegre) y llanistas (Blas Llano), además de los luguistas (Fernando Lugo) del Frente Guasu y los de Avanza País. Tras ser vetado, ahora el documento deberá ser tratado por el Congreso, que de nuevo tiene la pelota en su área para decidir sobre un reclamo que ha movilizado a grupos de labriegos por la capital, con masivas marchas diarias, creando caos en la calles capitalinas, con instalaciones de piquetes y amenazas a transeúntes y automovilistas.
No es la primera vez que el presidente Horacio Cartes está sorteando un conflicto de esta envergadura. En el mes de marzo pasado también desactivó esa crisis tras anunciar que en ningún caso se presentaría a un segundo mandato en los comicios de 2018. Sin embargo, ahora endureció los puños en defensa de su gabinete económico y prorrogado una partida que se retomará el próximo lunes, cuando el presidente del Senado, Fernando Lugo, se reúna con la mesa directiva para decidir la fecha en la que se trate el veto.
Según sus datos, el costo de esa ley podría superar los US$ 3.200, lo que significaría el 25 % del Presupuesto General de la nación. La normativa contempla el subsidio de las deudas de los campesinos que no posean más de 30 hectáreas y por un monto máximo de 10.000 dólares (G. 51 millones).
La ministra de Hacienda, Lea Giménez, había dicho que el subsidio era en la práctica una condonación y que era inviable por falta de recursos para esa regalía. Igualmente, el Crédito Agrícola de Habilitación, había vaticinado que la ley rompería con todo ese esquema de trabajo sobre disciplina financiera que se venía desarrollando para refinanciar las deudas.
El veto fue aplaudido por el sector empresarial, que recuerda que la ley fija un peligroso precedente y calificó de irresponsables a los legisladores que la apoyaron, ya que no contempla las fechas de vencimiento de las deudas campesinas, la cantidad de beneficiarios y la fuente de financiación del subsidio.
“BUSCAN DESESTABILIZAR AL GOBIERNO”
El presidente de la Cámara de Diputados y de la ANR, Pedro Alliana, durante una conferencia de prensa señaló que espera que algunos senadores y diputados recapaciten y acompañen el veto del presidente de la República en contra de este proyecto de ley (condonación de deudas y emergencia agrícola) irresponsable. Según el titular de la Cámara Baja este proyecto de condonación es una herramienta política de algunos líderes campesinos, con otros líderes políticos que están buscando la desestabilización del gobierno.
Alliana lamentó que no se haya tomado las más mínimas medidas. “No se hizo ningún estudio. Incluso ex ministros de Hacienda advierten de que hasta un 25% del presupuesto general de gastos pueden verse afectados”, enfatizó el político.
“Si se aprueba esta ley en las condiciones actuales podría impactar en alrededor del 25% del Presupuesto General de la Nación. Van a ser afectados varios proyectos de infraestructura, y programas sociales y esto no podemos permitir. Estamos hablando de más de 2.500 millones de dólares”, dijo Alliana.
Los datos revelan que es unánime la opinión de que la tal “rehabilitación financiera” ni siquiera es un subsidio para el sector, sino que se trata de una condonación de hecho.
SENADORA RECHAZA CRÍTICAS A LABRIEGOS “HARAGANES”
La senadora del Frente Guasu (FG), Esperanza Martínez, sentó su postura sobre el veto presidencial y criticó que desde el gobierno difundan la campaña contra los campesinos, pues se los cataloga de “haraganes”.
Según la legisladora se coloca en la opinión pública que es una catástrofe económica (el subsidio), y no se discute que el problema existente en el campo. “En el mercado verifiquen a cuánto están las frutas y verduras”, se quejó.
El veto del Ejecutivo a la ley que dispuso subsidiar las deudas de pequeños agricultores fue remitido al Senado, cámara de origen del proyecto. Para pronunciarse nuevamente, la Cámara Alta debe tener mayoría absoluta (23 votos) y la Cámara de Diputados 41 votos, para ratificarse en su aprobación
En el Senado se había aprobado el subsidio con 30 votos, mientras que en Diputados, solo con 38, lo que significa que según estos datos la puja estará en esta última cámara.
