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ASUNCIÓN.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ratificó su apoyo al Servicio Militar Obligatorio aunque reconoció que la Constitución garantiza el derecho a la Objeción de Conciencia. Asumió la responsabilidad por la crisis generada recientemente sobre ambas figuras y prometió que se buscan alternativas para los objetores, a fin de que no tengan excusas para cumplir con sus obligaciones.
El jefe de Estado participó de la ceremonia de juramento y egreso de la Cimefor, realizada ayer, en donde felicitó a quienes decidieron servir a la patria y dijo que “la Constitución Nacional establece el Servicio Militar Obligatorio y la objeción de la conciencia. Yo me comprometo a construir mayores opciones para hacer uso de objeción de conciencia. Estamos trabajando para brindar oportunidades en distintas instituciones oficiales para que no haya excusas”.
“Saludo y celebro cada una de las vías elegidas por los compatriotas para cumplir con la obligación. Me comprometo a construir diferentes opciones para aquellos que desean optar por la objeción de conciencia”, añadió.
Abdo Benítez expresó que “si bien el servicio militar es obligatorio, no es menos cierto que puede ser reemplazado por servicios a la comunidad legítimos. Este uniforme representa el sacrificio, la sangre derramada y la entrega hacia las causas nacionales”.
Se confesó responsable de la crisis generada recientemente por el tema del SMO y la posibilidad de que el Estado aplicara una ley de 1975, que establece multas para quienes no lo cumplen, y dijo que fue culpable por “una incertidumbre en este proceso”, porque estaba convencido de que el servicio militar sería una herramienta que fortalecería el espíritu de los jóvenes.
Además del tema de las multas, que fue desechado por el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia ante la Comisión Permanente del Congreso, otro punto que despertó la polémica fue que el mismo Abdo Benítez había dispuesto que su hijo menor se alistara en el Servicio Militar, algo que está prohibido por ley y tratados internacionales.
Esto había generado reacción de sectores ciudadanos y organizaciones que trabajan por los derechos de los niños y adolescentes, que, incluso, hicieron una denuncia ante la Justicia.
