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ASUNCIÓN.- Ministerio del Interior, Industria y Comercio, Defensa, Agricultura, Policía Nacional, la Armada, la Dirección Nacional de Aduanas o la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Detave entre otras instituciones probablemente no reúnen las condiciones de confianza del presidente Mario Abdo Benítez y los despreció nombrando a un superministro para “reforzar” la lucha contra el flagelo del Contrabando. Obró de la misma manera como lo hizo en el caso de denuncias contra la administración de Petropar contratando a Carlos Arregui y dejando de lado a por lo menos seis oficinas de control de la función del Estado.
Emilio Fuster fue incorporado a la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC), “y para reforzar la lucha y proteger la producción, la industria y el comercio nacional”, según lo explicó Fuster.
Con algunas horas de diferencia el presidente de la República reiteró, para que queden dudas, que no confía en las instituciones reconocidas por las leyes y la misma Constitución Nacional. Es más, no confía en los hombres que el mismo ubicó en algunas de estas instituciones.
Ocurrió en el caso Arregui para investigar irregularidades en Petropar, con el aditivo de extenderse a cinco años atrás. Luego fue Fuster para la guerra al contrabando quien prometió que habrá “controles eficientes y coordinados entre las distintas instituciones para dar una solución adecuada y duradera mediante acciones inteligentes”.
Detave, Policía Nacional, inspectores del MIC y toda la aduana probablemente no tienen condiciones inteligentes.
“Vamos a planificar nuestras acciones en materia de prevención y de persecución de los hechos punibles de contrabando; vamos a evaluar en forma permanente los resultados y las acciones que estamos ejecutando”, informó tras reunirse con el presidente, Mario Abdo Benítez.
