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Anuncio Martí, Juan Arrom, procesados en el caso de secuestro de María Edith Bordón, se encuentran en el umbral de la extradición. Ellos, juntos a Víctor Colman, impulsaron el habeas corpus, con el que pretendían impedir que el gobierno brasileño dé continuidad al proceso de revisión del estatus de refugiados, de acuerdo a lo publicado por el digital UOL de Brasilia. Pero la máxima instancia judicial del vecino país, negó el pedido.
ASUNCIÓN.- El Supremo Tribunal Federal negó el hábeas corpus solicitado por los tres paraguayos que se encuentran en el Brasil bajo la condición de refugiados. La decisión facilitaría la posibilidad de que los mismos sean extraditados a nuestro país.
El gobierno brasileño concedió en el 2003, durante el gobierno de Lula da Silva, el estatus de refugiados a los tres, quienes denunciaban haber sido víctimas de tortura y persecución. Dicha demanda fue ganada por el Estado Paraguayo esta semana en un histórico fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Desde nuestro país se solicitó en tres ocasiones la extradición de los mismos, pero en todas las ocasiones fue rechazada. Sin embargo, las posibilidades se acrecentaron luego de la asunción de Jair Bolsonaro como presidente, quien anunció que sacaría el refugio a todos aquellos vinculados al terrorismo o secuestro.
El habeas corpus llegó al Supremo Tribunal Federal (STF) el 28 de mayo. Un día después, Toffoli negó el pedido, dejando el camino libre para que el Conare pueda evaluar la petición hecha por el gobierno paraguayo. La defensa del trío recurrió de la decisión de Toffoli y pidió que el habeas corpus sea juzgado por la Corte del STF.
La decisión del Conare podría darse a conocer en los próximos días, ya que se tiene prevista la sesión de dicho organismo.
Arrom y Martín están sindicados de planificar y llevar a cabo el secuestro de María Edith viuda de Debernardi. Ambos acusados alegaron que fueron torturados por parte de agentes de Policía Nacional.
HISTÓRICO FALLO
La Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazó la demanda contra el Estado paraguayo promovida por Juan Arrom y Anuncio Martí por secuestro y tortura.
El fallo, sin precedentes, dispone que el Estado paraguayo no debe pagar indemnización alguna a los demandantes porque no es responsable de los hechos denunciados por los procesados por secuestro. Ambos demandantes solicitaban un monto de 123 millones de dólares como indemnización.
