El Ministerio de Interior y la Policía Nacional de Uruguay incorporarán a la Unidad Aérea policial de su país, helicópteros del modelo Robinson 44 Raven II y el costo de cada unidad es de US$ 500.000. Se trata de las mismas aeronaves por las que el Ministerio del Interior del Paraguay, bajo la administración de Rafael Filizzola (2008-2011), pagó unos US$ 3,3 millones; adquirió tres y entregó US$ 10 millones a la firma Proibérica SA. Pese a todas las pruebas, el esposo de la senadora Desirée Masi (PDP), sigue libre gracias a la inoperancia y complicidad de la Justicia.
ASUNCIÓN.- El ministro del interior del Uruguay, Eduardo Bononi, indicó que presentaron esta semana tres nuevos helicópteros estadounidenses que reforzarán la flota de la Unidad Aérea de las fuerzas de seguridad y mejorarán el patrullaje, la vigilancia y los operativos de tierra.
Explicó que las tres aeronaves que se incorporarán a la Unidad Aérea policial, son del modelo Robinson 44 Raven II, similares a los que utiliza la Policía de Los Ángeles en Estados Unidos, y cada uno de ellos costó a las autoridades unos US$ 500.000.
Según los datos se trata de las mismas aeronaves por las que el Ministerio del Interior del Paraguay bajo la administración de Rafael Filizzola (2008-2011) y el gobierno de Fernando Lugo, el Estado pagó por cada unidad unos US$ 3,3 millones. Fueron adquiridas tres unidades y el monto total pagado a la firma Proibérica SA fue de 10 millones de dólares.
Por este caso, Filizzola y los empresarios de la citada firma se encuentran procesados, acusados de daño patrimonial a las arcas del estado paraguayo por la compra sobrefacturada. El daño patrimonial sería de alrededor de G. 50.000 millones.
Hace más de dos años el juez Hugo Sosa Pasmor elevó a juicio la causa, pero el expediente está en la Corte porque se admitió una acción contra el auto de apertura. Debido a constantes chicanas, ni siquiera hay sala integrada por las recusaciones contra Raúl Torres Kirmser, Sindulfo Blanco y César Garay. Debido a la inoperancia y complicidad de la Justicia el caso va camino al folclórico opare’i.
Recientemente, la Fiscalía General del Estado a cargo de Javier Díaz Verón confirmó la intervención de los fiscales René Milciades Fernández, Yolanda Portillo y José Dos Santos para continuar en la causa que investiga la supuesta compra irregular de helicópteros considerados inservibles para la Policía Nacional, por casi G. 50.000 millones.