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Con votos oficialisas, llanistas, luguistas y oviedistas, la Cámara de Senadores aprobó en general el proyecto de Ley que establece un impuesto del 10% a la exportación de soja en estado natural, pero no pudo avanzar a la hora de tratar cada uno de los artículos de la normativa, aunque por razones formales referidas al reglamento a ser utilizado, por discrepancias surgidas en torno a su contenido. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, a través de la ministra de Hacienda Lea Giménez, ya anunció su postura de vetar la legislación, si ésta fuera sancionada por el Congreso, por lo cual probablemente terminará como los anteriores intentos de establecer el tributo: en el archivo.
La falta de debate, al igual que en otros temas de relevancia, se puso nuevamente de manifiesto en este caso. Tanto la alta funcionaria, Giménez, como el presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos, explicaron reiteradamente que el impuesto en cuestión no recaerá sobre las grandes firmas transnacionales que monopolizan la exportación de la oleaginosa, como dicen pretender sus proyectistas, sino sobre la producción y los productores, lo cual tendría efectos altamente nocivos sobre éstos, al igual que sobre la economía en su conjunto.
Pero no solo eso. También adelantaron la postura de que son partidarios de que los sojeros aporten más, planteando elevar el IVA agropecuario del 5% al 10%, lo que representaría un ingreso de 70 millones de dólares más al fisco, y estudiar mecanismos para una implementación eficaz del IRAGRO, que bien puede sumar otros 30 o 50 millones más. El primero grava las compras y ventas de todos los productos del agro, mientras que el segundo es un impuesto sobre las ganancias.
Entonces, ¿Por qué antes de aprobar nuevas legislaciones no se discute con amplitud estas proposiciones, que nisiquiera requieren de ser aprobadas por el Congreso? Si el problema con el Iragro es la elevada evasión, que sin lugar a dudas existe, ¿Por qué no se estudia y debate sobre los métodos implementados con éxito en países vecinos, como Brasil por ejemplo, que utiliza drones para estimar el volumen de la producción en finca u otros? ¿Por qué salir con algo nuevo, que va a desencadenar una serie de eventos perniciosos y, para colmo, los que en teoría serían objeto del gravámen -las transnacionales- no pagarán ni un peso en ese concepto?
Más prudente sería cerrar filas en torno a la aplicación de estas medidas sugeridas por Hacienda y el BCP, lo antes posible, asumiendo incluso que los sojeros puedan rechazarlas e intentar resistir, como antes hicieron los banqueros y también las cooperativas, cuando se decidió que paguen el impuesto al valor agregado, de igual modo que lo hacemos el resto de los mortales.
Los propulsores del mal llamado “impuesto a la exportación” insisten en la divulgación de cifras monumentales que serían recaudadas si se sanciona y promulga dicha norma. Con la reducción del 15% al 10%, sería poco más de 200 millones de dólares, dicen. Pero la verdad no es esa. Un segmento de la producción, sobre todos los pequeños y parte de los medianos, que no son propietarios de las tierras que explotan, recibirían un golpe muy duro, que incluso les dificultaría seriamente pagar la deuda que tienen con los bancos. Y si ni eso lo harían, menos podría esperarse que paguen… impuestos, con lo cual de 200 millones caeríamos a bastante menos en materia de recaudación.
Además, se producirían otros problemas que deben ser considerados con seriedad. El más importante es de tipo financiero, con un sistema bancario que reestructuró a los productores una deuda de más de 2.300 millones de dólares, parte de la cual no podría cobrar, al que se suma las implicancias que tendría una disminución del ingreso de divisas, porque sería menor el volumen exportado.
De todas formas, la discusión sobre la implementación de eventuales impuestos directos, puede y debe desarrollarse, pero no para legislar nada a tambor batiente, sino para madurar proyectos que en realidad sean aplicables y beneficiosos para el país.
Entretanto, lo que corresponde es avanzar con el aumento del IVA agropecuario y los mecanismos para recaudar más en concepto de IRAGRO, porque a los fines de los intereses nacionales, “más valen 100 millones de dólares en mano, que 200 o 300 millones volando”.