Las marchas por la desaparición de los 43 de Ayotzinapa fueron masivas en la Ciudad de México.
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Masacre de los 43 de Ayotzinapa: ¿fueron los narcos o el ejército?

A dos años de la desaparición de 43 jóvenes mexicanos, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, padres de los jóvenes y sus ex compañeros señalaron que la investigación del gobierno buscaba ligar a los normalistas con el narco. Una nueva investigación pone en duda la participación de los cárteles de la droga en el asesinato de estudiantes y apunta a los sospechosos movimientos de militares y agentes de inteligencia mexicanos.

CIUDAD DE MÉXICO.- El tema de “los 43” se ha convertido en un caso emblemático sobre desaparición forzada y violaciones a los derechos humanos en México. En 24 meses ha provocado movilizaciones internacionales en demanda de la aparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, quienes hasta hora, siguen ausentes.

Los estudiantes desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, al Norte de Guerrero, mientras secuestraban autobuses para acudir a una marcha a la capital del país; para el gobierno, el caso se centra en dos puntos: aquella noche del 26 al 27 de septiembre, los estudiantes fueron entregados por la Policía Municipal de Iguala al cártel de “Guerreros Unidos” que, al confundirlos con un grupo rival, “Los Rojos”, los asesinó y quemó en un basurero del vecino pueblo de Cocula.

“Guerreros Unidos” y “Los Rojos” son fracciones del desarticulado Cártel de Los Beltrán Leyva -que fuera aliado del Cártel de Sinaloa de “El Chapo” Guzmán- y dos de los ocho cárteles locales que operan en el estado. Ambos grupos ahora se disputan las rutas del tráfico de droga y la venta al menudeo en Guerrero, uno de los estados más peligrosos del país.

“Guerreros Unidos” trafica principalmente con goma de opio para la producción de heroína en Estados Unidos.

Mientras que “Los Rojos” también operan en los vecinos Morelos y Estado de México, en el Centro del país. Además de traficar con droga, se ha diversificado hacia otros delitos como el secuestro.

La hipótesis de que los jóvenes habían sido entregados a grupos del narcotráfico fue presentada a principios de 2015 por la Procuraduría General de la República (PGR), responsable de las investigaciones, como la “verdad histórica”, que ha tenido una serie de detractores y que terminó con la salida del cargo del entonces Fiscal, Jesús Murillo Karam. Sin embargo, a dos años de distancia, ya nadie habla del tema del narco y la desaparición de los estudiantes.

Hace unas semanas se publicó en México el libro “La guerra que nos ocultan”, de Francisco Cruz, Félix Santana Ángeles y Miguel Alvarado. Los tres ponen en duda la hipótesis del narco.

Los autores realizaron una investigación basada en documentos clasificados y el registro de las llamadas de Julio César Mondragón, uno de los seis normalistas asesinados entre el 26 y 27 de septiembre, cuyo cuerpo fue encontrado sin cara.

Hasta ahora, las autoridades no han podido confirmar que alguno de los estudiantes de la normal rural estuviese involucrado con el crimen organizado porque, según Francisco Cruz, los cárteles sólo fueron un elemento para distraer la atención de la responsabilidad que podría tener el Ejército en la desaparición de los estudiantes.

MÉXICO: 2.700 EXTRANJEROS DESAPARECIDOS EN UNA DÉCADA

En México se contabilizan más de 27.000 desaparecidos desde el año 2006, de los cuáles aproximadamente 2.700 son extranjeros, principalmente migrantes centroamericanos que en su viaje hacia Estados Unidos fueron vistos por última vez en México. En la lista también se encontrarían turistas que después de llegar a tierras aztecas ya no se supo más de ellos.

La mayoría de estas desapariciones se habrían registrado, según sospechas de organizaciones no gubernamentales, en el estado de Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos, donde en 2010 aparecieron una serie de fosas clandestinas donde se encontraron 72 cuerpos de migrantes que habría sido asesinados por el cártel de Los Zetas.

Para los cárteles de la droga, el tráfico de personas es desde hace años un negocio lucrativo. Los migrantes de Centroamérica son forzados a pagar entre 3.500 y 5.000 dólares para ser protegidos por un guía de los cárteles y las fuerzas de seguridad. Para los migrantes de otros continentes, la cuota se eleva de 10.000 a 20.000 dólares. Existen también reportes de ciudadanos de Etiopía o Sudán; mientras que los cubanos, en una operación que se traza desde Miami, pagan entre 8.000 y 10.000 dólares.

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