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ASUNCIÓN.- Ya de vuelta a la institucionalidad, la Cámara de Diputados dio ayer media sanción a la Ley que regula el financiamiento político y que impone transparencia para la identificación de los aportantes a las campañas proselitistas, lo que implica un duro golpe para la narcopolítica que ya no podrá seguir poniendo y sacando candidatos a cargos electivos, a platazo limpio.
Luego de varias semanas de postergación, el proyecto –que ya había sido aprobado en general- pudo ser analizado en particular y con la media sanción, pasa ahora al Senado para su consideración. Si la cámara revisora no introduce modificaciones al texto, la ley quedará sancionada en las próximas semanas, con tiempo suficiente para que pudiera entrar en vigencia en las internas partidarias de diciembre próximo.
Desde el 2015 que el tema está en debate en el Congreso, puesto que hay un sector que desde hace tiempo considera que una de las mejores formas de dar guerra al narcotráfico es impidiendo que siga teniendo influencia en los poderes del Estado y en los gobiernos regionales y locales.
Las disposiciones actuales relativas al financiamiento político son muy débiles, puesto que permiten los aportes anónimos a las campañas de candidaturas a cargos electivos, tanto en internas como en elecciones nacionales. Esto significa que los mafiosos están en condiciones de solventar estas campañas sin que su nombre ni el origen de su dinero figuren en ningún documento.
Con estas modificaciones, ya no habrá aportantes anónimos. Todas las candidaturas deben presentar rendición de cuenta con el detalle del dinero que recibieron, especificando todos los datos necesarios, de manera absolutamente transparente.
Otra modificación importante tiene que ver con la rendición de cuentas. Resulta que hasta ahora, aunque existe la obligación de que partidos y movimientos la presenten ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral, no hay ninguna sanción para quien no cumpla con esta exigencia o lo haga de mala manera.
En el proyecto actual, el Tribunal de Cuentas trabajará con el TSJE para el control de los documentos presentados y para castigar a quienes no cumplan con la obligación.
