Sábado , septiembre 22 2018
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Memento mori …

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Por: Abog.  Jorge Rubén Vasconcellos
Por: Abog. Jorge Rubén Vasconcellos

Febrero de 1989 constituye un hito histórico muy importante para nuestro país. No porque se haya desalojado del poder a Stroessner, sino porque representa la destrucción de una matriz de gobierno, de un modo de relacionarse el poder con la sociedad, de conceptos y criterios políticos, sociales y jurídicos.

La Constitución de 1992, es el reflejo del propósito de recoger y asegurar, tanto la destrucción de las instituciones anteriores, como la construcción y consolidación de las nuevas, que, para ser honestos, no son del todo nuevas, pero en su concepción, elaboración y diseño se impregnaron los nuevos criterios.

Antes del ´89 los cargos públicos no tenían “fecha de vencimiento”, la designación y permanencia de un funcionario dependía del humor del gobernante, y nada más.

Desde el ´89, y en especial a partir de la Constitución del ´92, esto cambió radicalmente. Todos los cargos públicos son transitorios y tienen “fecha de vencimiento”, inclusive – aun cuando no sea de mi agrado o mejor dicho, no esté de acuerdo con que así sea – los ministros de Corte y demás jueces que conforman el Poder Judicial.

Debemos reconocer, sin embargo, que el hombre tiende a olvidar su naturaleza transitoria, y ello se proyecta en todas las expresiones de su vida, incluyendo en el ejercicio de la vida política.

Cuando la semana pasada veíamos a Francisco José de Vargas siendo entrevistado, en oportunidad de enfrentar una audiencia judicial de imposición de medidas en el marco de un proceso penal por presuntos hechos de corrupción, que le son atribuidos, en ejercicio de la función pública, casi al borde del quiebre emocional, me venía a la memoria la imagen de aquel otro Francisco José de Vargas, el agente fiscal, el secretario Ejecutivo de la SENAD, el Ministro del Interior.

Aquel a quien poco o nada importaba la presunción de inocencia, la dignidad de las personas, la libertad, siquiera el derecho al proceso legal debido, había desaparecido casi como por arte de magia. Este personaje era el mismo, pero actuaba distinto, tenía un discurso distinto y predicaba derechos que antes desconocía.

La diferencia entre éste y aquel, no era el resultado de la conversión voluntaria o de la reflexión, y no creo que, del arrepentimiento, sino de la ausencia de uno de los ingredientes que provoca más mareos que el alcohol: el poder.

Aquel que como fiscal, como titular de la SENAD o como Ministro del Interior presentaba a supuestos delincuentes ante los medios de prensa, sindicándolos como culpables, aún antes del inicio del proceso judicial, violando sistemática y reiteradamente los derechos de aquel, y pisoteando impunemente lo dispuesto por el Art. 22 de la Constitución Nacional (La publicación sobre procesos judiciales en curso debe realizarse sin prejuzgamiento. El procesado no deberá ser presentado como culpable antes de la sentencia ejecutoria), hoy debe probar un trago amargo de su propia medicina.

El agente fiscal que llevó a cientos a la cárcel, sin motivo, ni necesidad alguna; el Secretario Ejecutivo de la SENAD y Ministro del Interior, que organizó ruedas de prensa para presentar como culpables a simples sospechosos en nombre de la “justicia”, porque estaba por encima de las pasiones humanas o los intereses personales, políticos o sectoriales, hoy nos dice que se encuentra imputado por hechos de corrupción, pero en “realidad” por razones de orden político: “No hay un solo motivo para la imputación, es por causas políticas” e insinuó que la imputación era parte de una jugada destinada a sacarlo de carrera en su intención de presentar su candidatura para acceder a la Fiscalía General del Estado.

En otros términos, De Vargas dice que los agentes fiscales actúan por influencias políticas y persiguen a sospechosos de cometer delitos comunes y participar de hechos de corrupción, por simple motivación política.

Es evidente que el ex fiscal, ex Secretario Ejecutivo de la SENAD y ex Ministro del Interior, pretende que recién ahora se ha dado cuenta que el Ministerio Público en nuestro país es instrumento de intereses políticos. Que cuando formaba parte de él, como uno de sus protagonistas más importantes esto no ocurría, o cuanto menos, él no se enteraba. Que él era una extraña especie de orquídea que había crecido y florecido en medio de la inmundicia, lo cual resulta difícil de digerir, salvo que hubiera asumido la condición de cómplice, encubridor o fuera gravemente negligente en el ejercicio de representar a la Sociedad ante los órganos judiciales en la persecución de delitos.

Porque si consintió la persecución de inocentes y toleró este tipo de hechos punibles, cuando menos, era cómplice o encubridor, no cabe dudas que por ello debiera estar procesado.

Para que se entienda adecuadamente, debo aclarar que no juzgo a De Vargas por los hechos que se le atribuyen, sino por su conducta y su discurso como imputado, y es más, estoy convencido de que, al igual que muchos otros que fueron por él perseguidos, sus derechos no han sido (ni serán) plenamente respetados.

Lo trascedente, es la lección que debe dejar a todos los servidores públicos la situación de De Vargas, que en un abrir y cerrar de ojos pasó de acusador a acusado, de verdugo a víctima, de perseguidor a perseguido, por un motivo muy sencillo, no entendió nunca la razón por la cual los generales victoriosos de la antigua Roma eran acompañados de un siervo que cada tanto se encargaba de recordarles “Memento mori! Memento te hominem esse! Respice post te! Hominem te esse memento! que se traduce: ¡Recuerda que morirás! ¡Recuerda que eres un hombre! ¡Mira tras de ti! ¡Recuerda que eres un hombre!)

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