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ASUNCIÓN.- En la reunión de los tres poderes del Estado para definir reformas de artículos del Código Procesal Penal, acordaron hoy medidas correctivas para evitar la avalancha de pedido de medidas alternativas a la prisión.

El vicepresidente Hugo Velázquez informó, tras la culminación de la reunión, que el acuerdo implica la remisión a la cámara de diputados (luego senadores), el pedido para extender el plazo para las solicitudes. La ley actual establece que si en 48 horas no se pronuncia un juez sobre una petición al respecto, en 24 horas ya tendrá sanción ficta, o automática.

La extensión de ese plazo será a cinco días para que un juzgado tome pronunciamiento, y la sanción ficta se expanda a diez días.

“No solo los defensores públicos, sino también los abogados particulares recurrirán masivamente para que sus peticiones se den en los plazos establecidos”, señaló Velázquez.

Al mismo tiempo sostuvo que la recurrencia en cantidades de cientos, y aún a miles de casos, podría hacer colapsar el sistema judicial, ya que no existen previsiones y factor humano capaz de despachar inmensos números de expedientes.

Con la modificación de artículos del Código Procesal Penal, se estima que 4 mil personas que están actualmente guardando reclusión, podrán acceder a las medidas alternativas.

La idea es reducir drásticamente el número de presos que cometieron delitos que pueden ameritar el cumplimiento procesal en alternativas de libertad.