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Los militares venezolanos detenidos decidieron paralizar las actividades de rutina. Reclaman que la “ración alimenticia que le llega está siendo mal administrada y suministrada incluso cuando la comida se encuentra descompuesta”. En Venezuela hay dos anexos militares en cárceles comunes: la de La Pica o Internado Judicial de Monagas y el Centro Penitenciario de Occidente (CPO) o cárcel de Santa Ana del Táchira (Deprocemil). En el caso del CPO, el área de procesados militares ha servido para tener ahí presos a hombres de armas que han cometido delitos comunes o delitos políticos, guerrilleros y paramilitares.
CARACAS.- El lunes, los detenidos decidieron paralizar las actividades de rutina, exigiéndole al general de División Carlos Yanes Figueredo, director de Penitenciaría Militar, que los atienda.
En esa cárcel hay varios militares detenidos por traición de la patria e instigación de la rebelión, pero también hay varios detenidos miembros de la guerrilla colombiana, entre ellos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), provenientes de tribunales del estado Zulia y miembros de grupos paramilitares fronterizos.
Entre las cosas que reclaman está que la “ración alimenticia que le llega al departamento está siendo mal administrada y suministrada incluso cuando la comida se encuentra descompuesta”.
Uno de los principales problemas que señalan es el “retardo procesal y falta de atención médica en emergencias por falta de vehículo, habiendo uno asignado que está siendo utilizado para su uso particular del director capitán de navío Enrique José Medina Zerpa, y en la mayoría de los casos para actividades de ocio”.
Los presos dicen que el director sale a bailar y a beber en la camioneta asignada al Deprocemil. “Llega viernes, sábado y domingo borracho en el penal y, de paso que sale, se lleva las cajas de comida. El capitán de navío va por mal camino”, reveló un militar.
Hacen énfasis en que hay “negligencia por parte de la dirección en la agilización y gestión de trámites judiciales en pro de la libertad y el hacinamiento dentro del departamento. Por el contrario se pretende trasladar de forma injustificada a privados de libertad a otros recintos penitenciarios”.
