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Ministro de Agricultura descartó que Baruja usara mal los bonos

El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Denis Lichi, ratificó que no se han encontrado indicios contra Juan Carlos Baruja, exministro del ramo durante el periodo Cartes. Estas afirmaciones se fundamentan en los resultados de la auditoría ordenada por el Poder Ejecutivo y publicados en la página de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental, bajo en numeral 18349, realizada en diciembre de 2018. El extenso documento concluye que el Estado tome los recaudos contra la empresa que incumplió el compromiso asumido y cobró una parte por ello. Antes ya adelantó una denuncia el extinto ministro Luis Gneiting.

ASUNCIÓN.- El contrato con la firma Rocalex y Sonia SACI tenía por objeto regular la construcción de invernaderos, sistema de riego y malla mediasombra a favor de beneficiarios, pequeños productores que han sido adjudicados durante la gestión del entonces ministro Jorge Gattini.

Cuando asumió Juan Carlos Baruja, comenzaron los problemas al verificar éste que los trabajos contratados estaban muy retrasados. Las empresas mencionadas exigían el pago total del acuerdo para concluirlos.

Retirado del cargo, Baruja heredó a Marco Medina documentos con sendos asteriscos que demostraban que Rocalex SA y Sonia SACI estaban en falta y actualizó las gestiones y entregó a Luis Gneitig un informe que derivó en la denuncia ante la Fiscalía, previo estudio de la Contraloría que determinó que los tres ministros obraron de la manera como lo establecía el contrato.

Con estos antecedentes, Denis Lichi, actual ministro de Agricultura ordenó una auditoría que terminó ratificando que todas las gestiones de Baruja fueron hechas en tiempo y forma.

Ante esta situación y con la denuncia de Gneiting encima, Rocalex SA intentó un acuerdo extrajudicial con Baruja que no resultó y para guardar apariencias ahora acudieron a Tribunales.

La auditoría ordenada por la administración Abdo Benítez, datada diciembre 2018, es contundente y da la razón al informe de Baruja, que determinó la orden de no pago por incumplimiento de contrato. Estas especificaciones están bien explicadas en el expediente  18349 del Poder Ejecutivo y publicada in totum en la página de Acceso a la Información Pública.

El consorcio Rocalex y Sonia SACI exigieron el pago del 30% para continuar con los trabajos contratados, sin embargo el MAG se negó a ordenar el pago hasta tanto se acaben los trabajos que al final no se hicieron tal como estaba en el contrato.

Auditoría del Ejecutivo arrojó como resultado que Rocalex y Sonia SACI no cumplieron y los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía. Este documento deja fuera de toda sospecha a Baruja. El exministro figura en el análisis que se negó al pago por incumplimiento de contrato.

La empresa Rocalex SA presentó una denuncia por supuesta lesión de confianza contra el exministro de Agricultura y Ganadería y actual gobernador de Paraguarí, Juan Carlos Baruja.

Ante esta situación, Baruja sostuvo que durante su gestión esta empresa tenía adjudicada más de 120 obras a través del proyecto de bonos soberanos y que solamente un 20% estaban concluidas, a pesar de haber vencido el plazo de ejecución.

“ROCALEX COBRÓ 30% DE TRABAJOS NO TERMINADOS”

La empresa Rocalex SA tenía apenas hecho el 50% del contrato asumido cuando Juan Carlos Baruja dejó el cargo de ministro en Agricultura y Ganadería. Esta situación motivó que su sucesor Marco Medina, siguiera con los trámites y más tarde fue Luis Gneiting quien presentó una denuncia ante la Fiscalía contra la empresa por una estafa a los productores.

A la llegada del funcionario, hoy desaparecido, ya habían vencido todos los plazos de cumplimiento del contrato y los trabajos no avanzaron.

Explicó Baruja que “Rocalex ya había recibido el 30% del pago de forma anticipada, mientras que el saldo de 70% debía ser abonado al concluir las obras. Sin embargo, en el 2017, cuando el exministro se retiró, solo el 50% de las obras se había finalizado”.

Ahora la misma empresa presenta una denuncia por lesión de confianza con la utilización de los bonos soberanos.

La acción inmediata, hasta tanto intervenga la Fiscalía, fue la de parar nuevas adjudicaciones para esta empresa, lo que implica descalificarla como proveedor del Estado; esta medida fue resuelta por Baruja. “Lógicamente no voy a ser una persona grata para esta empresa, porque nosotros lo habíamos cortado. No pagamos porque no estaban concluidas las obras”, indicó el exministro.

“El contrato decía que una vez que terminaban, se le abonaría el saldo del 70% correspondiente”, aclaró Baruja.

A raíz de esta situación decidieron modificar los nuevos contratos para evitar casos similares y ya no figuró como cláusula que la empresa adjudicada el pago anticipado. “Adjudicada la obra, la empresa asumía el costo de ejecución, una vez terminada y verificada, se procedía al pago del 100%. Esto nos permitió no tener obras inconclusas”, comentó.

Lamentó que los productores hayan sido los estafados, porque en algunos casos se quedaron sin las obras y con una deuda al Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), ya que el 30% que se pagó de forma anticipada correspondía a un crédito que el productor tomaba.

Por último, dijo que su gestión ante el ministerio había sido auditada tanto por la Contraloría como por la Auditoría de la Presidencia, sin detectar irregularidades durante su administración.

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