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El Ministerio de Obras Públicas analizará detenidamente el contenido de la auditoría remitida por la Contraloría, que recomienda la cancelación de la licitación de modernización del aeropuerto Silvio Pettirossi. “Este informe es vinculante”, es una primera reacción y la dio Claudia Centurión, directora de Proyectos Estratégicos de la citada cartera. Son dos los elementos que aclara el contralor Enrique García con relación al proceso licitatorio: Por un lado, nunca estuvo en agenda las rutas 2 y 7, jamás se ocultó información que supuestamente afecte a este proyecto vial y no corresponde que se active la póliza debido a que la auditoría del organismo contralor comprobó irregularidades en el origen mismo del proceso, antes del llamado.
ASUNCIÓN.- La determinación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) le da valor jurídico y técnico al análisis realizado por la Contraloría General de la República (CGR) cuya auditoría llegó a dos conclusiones consideradas fundamentales.
- El proceso de adjudicación de la ampliación de las rutas 2 y 7 no formaron parte de la auditoría y ni CGR ni MOPC retuvieron el informe para no afectar el contrato de ensanche de las rutas 2 y 7.
- La póliza no es activable debido a que la auditoría detectó irregularidades desde el inicio mismo del proceso de adjudicación de las obras de la terminal aeroportuaria que automáticamente elimina validez a todas las gestiones posteriores, incluso las licitaciones.
Claudia Centurión, directora de Proyectos Estratégicos del MOPC, informó que toda la documentación está en poder de su dirección desde la tarde del jueves “y debemos deshojarlo detenidamente, analizarlo con todos los equipos jurídicos y técnicos, y por supuesto que las recomendaciones de la Contraloría tienen un carácter vinculante”.
El dictamen dela contraloría sobre el proceso de adjudicación de la Alianza Público-Privada (APP) para la modernización del Aeropuerto Silvio Pettirossi, de la ciudad de Luque, concluye con la recomendación de no hacer lugar a todo lo actuado hasta el momento.
Enrique García, titular de la CGR, explicó que “la recomendación es la cancelación del proceso licitatorio, que surge básicamente de algunas situaciones que se detectaron en el análisis de las documentaciones con el trabajo de los auditores. En el proceso se omitió un procedimiento de precalificación, que es obligatoria, porque técnicamente se trata de un proceso complejo y multifuncional, que es una condición que pone la ley para obligar a la convocante a realizar una precalificación. Ellos no hicieron la precalificación y eso es lo que sostiene nuestra recomendación”.
Agregó que “no entramos a calificar el llamado a licitación y tampoco a los oferentes, a ninguno de ellos”.
“CONTRALORÍA NO ES PASA MANO DEL CONGRESO”
El contralor Enrique García acusó a sectores interesados que publicaron información tendenciosa “y ocultaron acciones que si realizaron en la auditoría”.
Aseguró que jamás se cajoneó el informe “ni bien se terminó, se firmó y de inmediato se envió al Ministerio de Obras Publicas”, dijo el funcionario. Agregó que “la Contraloría no es pasa mano de nadie, ni del Congreso ni del Ejecutivo y la función es la auditoría y recomendar acciones y no iniciar acciones penales”, en referencia a la exigencia de Ariel Oviedo, presidente de la Comisión Permanente del Congreso, que exigió que esta instancia, Contraloría General de la República (CGR), inicie acciones legales.
Existen evidencias que justifican el trabajo de la CGR, desde la precalificación de las ofertas “con suficientes elementos para sostener la recomendación de cancelación. Esto nunca se dijo, queda fuera esto del sistema de publicaciones tendenciosas”, acusó García.
