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Multinacionales harían una fiesta

En teoría, el impuesto del 10% a la exportación de soja en estado natural tiene por finalidad que las grandes firmas multinacionales dejen algo en el país, de lo mucho que se llevan todos los años. Esta es al menos la intención de los proyectistas, según anunciaron los senadores del Frente Guasu y lo corrobora el nombre que le dieron a la normativa que se estudia en el Senado. En la práctica, sin embargo, no ocurrirá tal cosa. Ni ADM, ni Cargill, ni Dreyfus, ni  Bunge, ni Noble, meterán la mano en el bolsillo para sacar un solo centavo a fin de destinarlo al fisco. Al contrario, de aprobarse dicha legislación, no solo seguirán sin tributar sino que se quedarán con la mitad, o más, de la nueva tasa que descontarán íntegramente a todos los productores, independientemente de que sean grandes, medianos o pequeños.

La razón es muy simple y no hace falta ser un especialista en cuestiones tributarias para darse cuenta, lo que hace más llamativo el proyecto impulsado por los seguidores de Fernando Lugo. Las mencionadas firmas, que controlan el 80 por ciento del total de las exportaciones de la oleaginosa, le recargarán el 10% de impuesto a los productores, lo que en términos redondos sería U$S 300 por tonelada, más 30 dólares, de la nueva tasa. Lo harán sobre el volumen total de la producción que recibirán en sus plantas, es decir, alrededor de 10 millones de toneladas, lo que equivale a U$S 300 millones. Pero como “procesan” la mitad o más de la producción, incorporando una pizca de valor agregado, y por esa parte están exoneradas de impuestos a la hora de exportar, terminarán pagando al fisco solo 150 millones, embolsándose para sí los otros 150 millones restantes, “de arriba”, sin mover un dedo.

En consecuencia, los 300 millones de dólares de los que hablan los proyectistas, resaltando siempre los innumerables programas sociales que podrían impulsarse con dicho monto, se reducirían de un plumazo a la mitad, en un primer momento. Acto seguido, una parte de los productores que poseen deudas importantes en el sistema bancario, sobre todo los pequeños, verían reducidas sus ganancias a la mínima expresión o, dependiendo de las cotizaciones internacionales y las condiciones del clima, podrían empatar o ir a pérdida, con lo cual difícilmente honrarían sus compromisos financieros; hasta que finalmente no serían pocos los que saldrían del mercado, disminuyendo así la producción y, por tanto, también lo que se recaudaría por el nuevo impuesto.

Desde luego que la eventual aplicación del tributo no representaría el fin del mundo, el apocalipsis, ni nada por el estilo, pero sería un freno a la economía. En vez de producir 10 millones de toneladas, se producirían 8, o 7, tal vez incluso menos, con lo cual disminuiría el ingreso de divisas al país (lo que ejercería una presión sobre el dólar) y, de los anunciados “300 millones de dólares frescos” para el Tesoro, que en realidad son 150, lo realmente recaudado bajaría a 120 millones o a 110, si no menos, que bien podrían obtenerse por otras vías, que no pongan en entredicho el crecimiento ni el desarrollo.

En otras palabras, los problemas que causaría serían muy superiores a las soluciones. En líneas generales, de una manera u otra saldríamos perdiendo todos, menos las multinacionales, a las que ahora le “caerían del cielo” 150 millones de dólares y mañana, en el peor de los casos, 110 o 100, merced a una Ley mal concebida, que provocará lo opuesto de lo que supuestamente busca.

Y esto es algo muy difícil de explicar para quienes, como los integrantes del Frente Guasu, hicieron del “anti-imperialismo” y de la “defensa de la soberanía”, su razón de ser, lo que a esta altura suena a pura retórica.

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